El aborto, la cadena perpetua contra violadores de menores y los terrenos baldíos serán algunos de los retos de la Corte Constitucional en este 2021.
Tras un año atípico marcado por la pandemia del COVID-19 y que exigió una modernización en el funcionamiento de la Corte Constitucional, que al igual que el resto del sistema judicial del país se tuvo que adaptar a la virtualidad, especialmente en el control automático de constitucionalidad de los 115 decretos legislativos del Gobierno Nacional dentro del Estado de Excepción, ahora el alto tribunal afronta nuevos restos en este 2021 que apenas comienza.
Una vez regrese de la vacancia judicial, el próximo 12 de enero, la Corte tendrá que resolver temas de trascendencia nacional, como son los expedientes relacionados con las curules derivadas del Acuerdo de Paz entre la exguerrilla de las Farc y el Gobierno Nacional, el derecho al aborto legal bajo ciertas circunstancias, la cadena perpetua para los violadores y asesinos de los menores edad en el país aprobada por el Congreso el año pasado, así como la política de tierras sin titulación y terrenos baldíos.
“Estos asuntos admiten tensiones entre múltiples derechos fundamentales y los principios que caracterizan un Estado social de derecho. También contienen problemáticas estructurales que han sido abordadas a lo largo de la jurisprudencia constitucional y respecto de las que permite definir si el tratamiento otorgado resulta suficiente o adecuado para el contexto actual”, explicó Alberto Rojas Ríos, presidente de la Corte Constitucional.
Así mismo, el magistrado Rojas aseguró que la consolidación de la modernización de la Corte será otro de los grandes retos del alto tribunal de cara a este año que apenas comienza.
“Es preocupante que en el último informe del Consejo Superior de la Judicatura se señale que en 2019 en el 66 % de las tutelas concedidas se iniciaron incidentes de desacato y, por último, asumir la nueva función de resolución de conflictos entre jurisdicciones que venía ejerciendo la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura”, agregó el Presidente de la Corte.
Control constitucional
Según el registro de la presidencia de la Corte, en el 2020 el alto tribunal 85 salas plenas. 16 de ellas fueron presenciales, 3 mixtas y 66 fueron virtuales. Se han proferido 513 sentencias (214 de constitucionalidad y 299 tutelas) y 490 autos de sala.
Sin embargo, por mandato constitucional gran parte de la labor de la Corte se concentró en el control automático de constitucionalidad de los 115 decretos legislativos del Gobierno Nacional. En siete meses se culminó esta revisión y se analizaron 885 artículos, de los cuales el 11 % se declararon inexequibles y un 9 % tuvieron algunas expresiones inexequibles o condicionalmente exequibles.
Modernización de la Corte
De otra parte, y según el concepto del magistrado Rojas, el aislamiento social obligó a adoptar otras medidas inmediatas. Estas incluyeron la reforma al reglamento interno, la incorporación de la firma electrónica, la migración de sistemas de información a versiones web y la creación de herramientas para votaciones electrónicas y el reparto de procesos.
Uno de los principales cambios fue el paso a la remisión electrónica de tutelas que empezó a realizarse en todo el país a partir del 31 de julio y que permitió sustituir el envío por correo físico.
“A la fecha se han recibido 150 mil tutelas de manera electrónica, de las cuales el 84 % se han enviado a través de una plataforma que desarrolló la Corte. Esta nueva forma de remisión aumentará la trazabilidad de las tutelas, liberará infraestructura física, eliminará trámites operativos, ahorrará más de 11.000 millones anuales al Estado en correo físico y generará menores impactos ambientales”, detalló Alberto Rojas.
