sábado 17 de julio de 2021 - 12:00 AM

Luis Alberto Gil condenado por red de corrupción judicial, pero beneficiado con casa por cárcel

Tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, un juez de Bogotá condenó a cuatro años y medio de prisión al excongresista santandereano Luis Alberto Gil Castillo por su participación en una red criminal que ofrecía sus servicios para interceder o entregar información privilegiada de procesos judiciales y administrativos.

Gil Castillo fue capturado en flagrancia el 1 de marzo de 2019, en un hotel del norte de Bogotá, en el momento en el que estaba reunido con otras personas, cuando negociaban distintas acciones y maniobras para congelar y dilatar un trámite relacionado con la extradición a Estados Unidos de Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich.

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“El sentenciado, mediante preacuerdo, había aceptado los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y tráfico de influencias. Ese reconocimiento fue avalado por la juez de conocimiento, quien lo declaró responsable de las citadas conductas delictivas, en calidad de cómplice”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

A ser testigo

Si bien en un principio Gil Castillo negó todos los cargos en su contra, desde julio del 2019, unos meses después de su captura, el excongresista santandereano cambió de parecer y busca un preacuerdo con la Fiscalía par a tratar de reducir su condena, a menos de cinco años de prisión y la posibilidad de obtener el beneficio de casa por cárcel.

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En dicho preacuerdo, el cual fue aprobado por el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá, Luis Alberto Gil se comprometió a testificar y entregar las pruebas en contra de los demás investigados dentro de la red criminal señalada de mediar ilegalmente en procesos judiciales.

El fallo condenatorio impone al excongresita una multa de 1.424 salarios mínimos legales mensuales vigentes, uno $1.424 millones e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por cinco años.

La decisión es de primera instancia y contra la misma proceden los recursos de ley.

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