viernes 05 de marzo de 2010 - 10:00 AM

Mercado electoral ilegal se pasea por la ciudad sin control

'El fin de semana pasado, varios ediles viajaron a Bogotá para ofrecer los votos de un grupo de ciudadanos que espera un mínimo de recompensa por apoyar a un candidato en estas elecciones. Hoy estas personas caminan tranquilas por la ciudad cargadas de dinero y no pasa nada…'. Con estas palabras, Carlos, un bumangués de 42 años, se acercó a Vanguardia Liberal y a la Misión de Observación Electoral, MOE, para denunciar uno de los delitos más comunes en época electoral: corrupción al sufragante.

A estas personas, como las describe Carlos, se les conoce como 'pescadores' y su misión es visitar de 20 a 30 candidatos para pedirles dinero por el voto de un grupo de 200 a 500 personas que supuestamente controlan.

'Por ejemplo, en Barranquilla pagan $80 mil o hasta $100 mil por voto, en Bucaramanga a la gente le falta ambición y recibe de $20 mil a $50 mil, en Bogotá es diferente porque están los grandes candidatos, también conocidos como los grandes ‘tigres’; con ellos la negociación es de millones', afirma la fuente que solicitó el cambio de su nombre por razones de seguridad.

Y es que ganarse por lo menos $500 mil en un fin de semana de elecciones es bastante tentador para una persona que no gana más de un salario mínimo mensual vigente. Así lo corrobora el representante de la MOE en Bucaramanga y su Área Metropolitana, Mario Flórez, quien manifiesta estar acostumbrado a oír este tipo denuncias que, lamentablemente, no pasan a ninguna instancia de formalidad por temor a represalias.

'Todavía no hay denuncias formales de Bucaramanga en la Procuraduría, ni en la Fiscalía, ni en la Defensoría del Pueblo sobre delitos electorales. Todo el mundo está diciendo que en la ciudad está lloviendo dinero, pero se queda en quejas. Nadie se atreve a demandar, nadie se atreve a decir ‘a mí me dieron tanto’, nadie dice nada', agrega Flórez.


Candidatos no respetan la norma

Según la MOE, otro de los casos más denunciados en la región es la violación a la norma de publicidad política. 'Se supone que la Secretaria de Gobierno de Bucaramanga aprobó ocho vallas por cada partido político. Honorio Galvis, candidato al Senado por el Partido Liberal, tiene más de 27 vallas. Igual ocurre con Elisa Domínguez, candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, y Óscar Josué Reyes, candidato al Senado por el conservatismo, quienes sobrepasan el límite de vallas y publicidad exterior establecida', señaló Flórez.

De acuerdo con el representante de la MOE, los sectores más afectados en Bucaramanga por la publicidad política son aquellos aledaños al puente de Provenza, la avenida González Valencia, sectores cercanos a la Terminal de Transportes, barrios del norte de la ciudad y aquellos que rodean el Viaducto García Cadena como Antonia Santos y San Martín, entre otros.

Al respecto el secretario de Gobierno de Bucaramanga, Edgar Fernando Salcedo Silva, dijo a Vanguardia Liberal que su despacho ha cumplido el trámite que le corresponde en el proceso y que ahora es el turno de la Secretaría de Salud para aplicar las respectivas sanciones.

'La Secretaría de Gobierno Municipal cumplió con su parte que era la inscripción de los candidatos y emitir las normas para la publicidad política exterior. Nosotros recibimos la resolución 001, documento en el cual se registran estas denuncias por exceso de vallas publicitarias en la ciudad. Esta resolución la trasladamos la semana pasada a  la Secretaría de Salud y ahora son ellos los que deben proceder con el retiro de estas vallas', explicó el funcionario.


síntesis

Otras denuncias

Otras de las denuncias no formales que presenta la ciudadanía ante la MOE son:

Acción Social financia y hace campaña por candidatos del partido de ‘La U’.

Presiones a la gente desplazada y a comunidades vulnerables con argumentos en obtención de vivienda, delito conocido como fraude al sufragante.

En la Nueva Ciudadela de Girón, asentamientos urbanos, invasiones y áreas ocupadas por desplazados, por medio de la compra de votos, se trafica y se juega con la necesidad de la gente.


Denuncias en letra muerta

En las pasadas elecciones de gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y juntas administradoras locales, celebradas el 28 de octubre de 2008, la Alcaldía de Bucaramanga a través del Decreto 107 de 2007, estableció las condiciones para el manejo de la publicidad política. Dentro de la lista de requisitos suministrados por el Consejo Nacional Electoral, CNE, a cada partido y movimiento político con personería jurídica y candidato le correspondían ocho vallas, un aviso de identificación por sede política, ocho pasacalles y ocho murales.

Además, cada partido tenía derecho a la publicidad móvil con 19 vehículos de tipo particular y ocho vehículos tipo plataforma para exhibición, los cuales debían compartir con sus demás candidatos. Sin embargo, Mauricio Mesa, representante de la MOE en las pasadas elecciones, manifestó a Vanguardia Liberal que partidos como Convergencia Ciudadana sobrepasaron este límite y no se conocieron sanciones al respecto.

De igual manera, también hace dos años se radicaron denuncias por constreñimiento electoral en el municipio de Girón porque candidatos al Concejo presionaban a la gente de los albergues de Convivir y el barrio José Antonio Galán. Al respecto, Mauricio Mesa manifestó que por este hecho se eliminaron cerca de 900 votos en el municipio.

Esconder los tarjetones para la consulta por Partidos electorales, como lo hicieron varios jurados en 2008, también fueron otras de las denuncias que quedaron en vilo. En este caso los jurados de votación, en un acto de osadía, ocultaban bajo la mesa cantidades generosas de tarjetones, siendo el Polo Democrático y el Partido Liberal los más afectados. Al respecto, Mauricio Mesa afirmó que la MOE indagó sobre lo sucedido y conoció que la mayoría de los infractores eran jurados del partido Conservador. 'Los mismos jurados le decían a la gente que ya se habían acabado los tarjetones para la consulta, pero los tarjetones estaban debajo de las mesas', agregó Mesa y explicó que 'la mayoría de casos se presentaron en un colegio de la calle novena cerca a la Gobernación de Bucaramanga'.

Esta casa editorial habló con la Fiscalía sobre el seguimiento o sanciones en cada una de estas denuncias, pero no logró respuesta. Al parecer, en los archivos del organismo judicial no estaban registradas estas quejas.

 

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