La Procuraduría General de la Nación declaró desvirtuados y no probados los cargos imputados a Rodolfo Hernández y a Manuel Azuero, por presuntas irregularidades relacionadas con el nombramiento y posesión de un funcionario que no cumplía con los requisitos para ejercer el cargo.
El Ministerio Público había formulado cargos contra Hernández Suárez en abril de 2018 por una posible incursión en prohibiciones al nombrar y permitir, presuntamente, que Manuel Francisco Azuero Figueroa, se posesionara en dos cargos para ejercer funciones en la administración municipal sin que cumpliera los requisitos para ninguno de ellos.
En esa misma fecha también formuló cargos contra Manuel Francisco Azuero Figueroa, por “presuntamente haber suministrado datos inexactos y documentación con contenidos que no correspondían a la experiencia exigida para ejercer los cargos señalados, y no haber acreditado que contaba con tarjeta profesional”.
Sin embargo, y de acuerdo con la investigación sobre los hechos que hizo la Procuraduría, ni Hernández ni Azuero incurrieron en irregularidades. Por lo tanto, la entidad decidió en fallo en primera instancia absolverlos de los cargos endilgados.
Para la Procuraduría no se pudo establecer que el proceder del entonces Alcalde de Bucaramanga y del jefe de Gobernanza constituyó una falta disciplinaria, por lo que resolvió la absolución.