jueves 10 de octubre de 2019 - 10:00 AM

Venga le explico: los delitos electorales

¿Le han ofrecido dinero por su voto? ¿Alguien lo ha amenazado con echarlo de su trabajo si no vota por cierto candidato? ¿Está asombrado por la cantidad de dinero que alguien está gastando en campaña?
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Tenga en cuenta que el Código Penal Colombiano tipifica los delitos electorales y las sanciones establecidas cuando un ciudadano o funcionario público comete alguna de estas conductas.

Vanguardia y ‘No sea Pingo’ le cuenta qué es lo que no se puede hacer en estas elecciones y las penas de prisión en las que puede incurrir si es sorprendido infringiendo estas normas.

Si tiene conocimiento de alguno de estos delitos electorales, no dude en realizar la respectiva denuncia. El Ministerio del Interior, la Fiscalía y la autoridad electoral brinda la garantía del anonimato.

Para ello tienen habilitados los siguientes canales para recibir las respectivas denuncias: La línea gratuita 01 8000 912 005, el sistema Uriel (uriel.mininterior.gov.co) y la página web www.fiscalia.gov.co.

Para cualquier inquietud, puede contactarse con ‘No sea pingo’ al número 3143600052 o al correo noseapingo@vanguardia.com

Los principales delitos electorales

Entre los delitos más conocidos está el costreñimiento al sufragante, donde un ciudadanos es amenazado o presionado para que vote para un candidato determinado. Recuerde que el voto es libre y nadie puede obligarlo a votar por alguien no quiere.

También está el tráfico de votos. Nadie puede ofrecerle ni plata, ni cemento, ni tejas para influenciar su voto, incluso si es para que vote en blanco o se abstenga de sufragar.

Además, está el fraude en la inscripción de votos o la trashumancia electoral. El trasteo de votos se da cuando se da la inscripción atípica de cédulas en municipios distintos al lugar de residencia de los ciudadanos. Recuerde que usted sólo puede votar en la ciudad donde vive, trabaja o donde nació.

En estas elecciones, el CNE anuló la inscripción de 915 mil cédulas (91 mil de Santander. Si bien en estos casos no se comprobó el delito, se hizo la depuración de forma preventiva.

En general, cualquier conducta que tenga como fin alterar, manipular o afectar el proceso electoral está tipificado por el Código Penal y puede acarrear penas de hasta 12 años de cárcel y multas de hasta 1.200 salarios mínimos legales vigentes.

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