viernes 24 de septiembre de 2021 - 12:00 AM

Opiniones divididas ante reforma de Ley de Garantías

Las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate el Presupuesto General de la Nación para 2022, en donde se incluye esta iniciativa.
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una modificación a la Ley de Garantías, que busca el manejo eficiente de los recursos públicos en tiempos electorales, prendió las alarmas en un sector del país sobre la transparencia que tendrían las entidades territoriales cuatro meses antes de los próximos comicios al Congreso y la Presidencia de la República.

El pasado miércoles, durante la discusión del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2022 en las comisiones económicas del Congreso, se avaló un artículo que levanta la prohibición de celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos previo al proceso electoral. El argumento del Gobierno y algunos congresistas se basó en “promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones”.

Vanguardia habló expertos, quienes plantearon aspectos positivos y negativos de esta decisión, que deberá ser discutida en las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado.

El artículo 125 del proyecto de Presupuesto General de Nación suspendió (en el debate de las comisiones) “el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 o Ley de Garantías”. En el caso de las elecciones para el Congreso, la Ley de Garantías iniciaría a partir del 13 de noviembre de 2021. Es decir, a partir de esta fecha las administraciones locales y regionales no podrían celebrar esta clase de convenios. Para los comicios presidenciales, Ley de Garantías comenzaría a partir del 29 de enero de 2022.

Opiniones divididas

El proyecto de presupuesto ha sido criticado, pero también defendido. Desde diferentes sectores señalan que la modificación a la Ley de Garantías permitiría reactivar la economía, mientras que otros sostienen que se abriría un vicio electoral, de cara a los comicios del próximo año.

Para Katherin Miranda, representante a la Cámara y miembro de la Comisión Tercera, encargada de asuntos económicos, este artículo permitiría la compra de votos y abriría una gran puerta para el fraude electoral, toda vez que algunos candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República buscarían “aceitar sus maquinarias para buscar votos”.

La congresista, que también hace parte de la oposición, sostuvo a esta redacción que demandarán ante la Corte Constitucional el Presupuesto General de la Nación para el año 2022.

“La oposición demandará, pero no servirá de nada porque cuando se conozca una decisión de la Corte, ya todo estará aprobado”, indicó Miranda.

Por su parte, el senador Ciro Ramírez, integrante de la Comisión Tercera del Senado, indicó que este artículo permitiría el desarrollo de los territorios, pues la contratación seguirá vigente sin necesidad de ‘cerrar’ las alcaldías desde el 13 de noviembre, como sostiene la Ley de Garantías.

“Nosotros buscamos que se dé desarrollo, se reactive la economía, que las alcaldías no se cierren”, sostuvo el senador.

¿Inconstitucional?

El expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, indicó que el Presupuesto General de la Nación podría catalogarse como “inconstitucional”, pues modificaría una ley estatutaria con una ley orgánica.

El exmagistrado señalo que a la Corte puede llegar una demanda en contra del articulado, pues no habría seguido el trámite regular.

“Acá hay un precedente grave, y es que quieren reformar una ley estatutaria con una ordinaria. Esto incurre en un vicio constitucional que tendrá que definir la Corte, si así lo requieren los ciudadanos”, señaló Hernández.

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