domingo 08 de enero de 2017 - 12:01 AM

¿Podría ser 2017 el año de las revocatorias de los alcaldes?

Desde la Constitución de 1991 se han dado 165 intentos de revocatoria contra alcaldes, pero ninguno de ellos ha prosperado. Con la nueva reforma, los requisitos son más flexibles.

El 2017 apenas completa una semana y ya comienza a producir cefalea en diferentes sectores políticos por cuenta de la intención de revocatoria del mandato a casi una docena de alcaldes, la de un gobernador y hasta la del mismísimo presidente.

Y es que los opositores de los mandatarios afectados, seguramente, estaban contando los minutos y segundos, no para festejar el año nuevo, sino para inscribir ante la Registraduría los comités promotores que exige la ley para iniciar el proceso.

Solamente uno de esos comités, el que pretende reformar la Constitución Nacional para revocar al Jefe de Estado, radicó su solicitud el año pasado (el 20 de diciembre), pero solo recibió el aval de la Registraduría esta semana.

Dicho comité, denominado ‘Referendo por un País Mejor’, debe recoger dos millones y medio de firmas que deben ser verificadas legalmente.

En los demás casos, la Registraduría les da a los comités los formularios oficiales para recaudar, en un periodo de seis meses, las firmas que equivalen al 30% de los votos con los que fue elegido el funcionario que buscan revocar.

Previa verificación de las firmas, la Registraduría programa el día de la elección de la revocatoria, en la que se deben obtener al menos el 40% de los votos válidos logrados el día de los comicios. Además, gana la opción que alcance la mayoría de los votos.

Los comités inscritos

Hasta el momento se sabe de los siguientes procesos de revocatoria: los alcaldes de Bogotá, Enrique Peñalosa; Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez; Cartagena, Manuel Vicente Duque; Pereira, Juan Pablo Gallo; y Neiva, Rodrigo Lara Sánchez.

En Santander también se adelantan iniciativas de revocatoria contra los mandatarios de Barrancabermeja, Darío Echeverri Serrano, y Socorro, Alfonso Lineros Rodríguez.

Además, hay un proceso en contra del gobernador del Quindío, el sacerdote Carlos Eduardo Osorio.

En todos los casos, quienes promueven la revocatoria de su alcalde o gobernador argumentan “incumplimiento del programa de gobierno”.

Además, dicen que lo hacen “sin ningún respaldo político”, pero es sabido que en algunos casos detrás de cada comité está la dirigencia política regional.

Por citar un par de ejemplos: el petrismo está detrás de la revocatoria de Peñalosa en Bogotá; la excongresista Yidis Medina busca sacar al mandatario de Barrancabermeja y el Centro Democrático está detrás del de Pereira.

¿Esta vez sí será?

Desde que la figura de la revocatoria del mandato a alcaldes y gobernadores fue incorporada a la Constitución de 1991, se han realizado 166 intentos (165 para alcaldes y uno por gobernador), pero de ellos solo 50 llegaron a las urnas y 116 no han superado la etapa de recolección de firmas.

De cualquier modo, ningún funcionario elegido por votación popular ha sido revocado.

La revocatoria del mandato, uno de los mecanismos de participación ciudadana, estaba regido por la Ley 134 de 1994 que establecía unos porcentajes mayores, pero ante tanto fracaso, que para muchos significa pérdida de dinero público en esas elecciones, fue reformada por la Ley 1757 de 2015 que define nuevos requisitos, un poco más flexibles.

Cambios en la norma

El primer requisito es inscribir ante la Registraduría un comité promotor, el cual tiene que recoger en seis meses (prorrogables hasta por otros tres) el número de firmas que corresponda al 30% “de los votos obtenidos por el elegido”. Antes era del 40%.

Las firmas son revisadas por la Registraduría y si son validadas se convoca a elecciones dentro de los seis meses siguientes.

En esos comicios tiene que participar el 40% “de la votación total válida registrada el día en que se eligió al respectivo mandatario”. La anterior ley establecía el 60%.

De lograrse esa participación, ganará la opción que obtenga “la mitad más uno de los votos ciudadanos”.

Y si al alcalde o gobernador revocado le resta año y medio o menos para terminar el mandato, será encargado un reemplazo, pero si le falta un día más, tendrá que convocarse a nuevas elecciones.

Proceso costoso

En cualquier caso, se trata de un proceso que para algunos expertos es costoso, pero que bien vale la pena para garantizar el ejercicio democrático.

En el caso de Bogotá, fuentes de la Registraduría estiman que convocar la revocatoria costará $45 mil millones, y si prospera esta opción habría que convocar a nuevas elecciones para elegir un nuevo alcalde, lo que supone otros $45 mil millones.

Es decir, este juego democrático terminaría costando $90 mil millones (solo en Bogotá), lo que en términos prácticos es lo que cuesta construir más de 2.200 viviendas de interés prioritario o un poco más de lo que terminará costando el Intercambiador del Mesón de los Búcaros en Bucaramanga.

Claro, aunque los requisitos ahora son más flexibles, no implica que vaya a ser fácil: En Bogotá, Peñalosa ganó con 906.058 votos, y el 30% de firmas para convocar la revocatoria son 271.818.

Para que gane la revocatoria debe participar el 40% de quienes participaron en esas elecciones (2.730.572 votos válidos), es decir, se necesita que salgan a votar 1,1 millones de bogotanos y que la mitad más uno quiera sacar al alcalde.

¿Y en Bucaramanga?

En Bucaramanga, el comité requiere recoger al menos 23.182 firmas y en la consulta popular deben salir a votar más de 107.291 personas, y además la mayoría debe votar ‘sí’ a la revocatoria.

¿Revocatoria del Presidente TIENE FUTURO?

Juan Manuel Charry señala que en el caso del referendo para revocar al presidente se comete una equivocación, porque primero debe tramitarse una reforma constitucional, pues para el Jefe de Estado no aplica la revocatoria “y menos mediante referendo”.

Del mismo criterio es el profesor Pedro Medellín Torres, quien no le ve futuro al tema de la revocatoria presidencial, pero advierte que si ocurriera una sorpresa y se aprueba reformar la Constitución mediante referendo para sacar al primer mandatario, “sería un golpe político muy duro para el Gobierno”.

Elecciones de 2018 están encima

Analistas consultados por Colprensa consideran que el momento político que vive el país está estimulando esta ‘cascada’ de solicitudes de revocatoria de alcaldes y gobernadores.

Según el catedrático Juan Manuel Charry, “es prematuro hablar de revocatoria”, pues los afectados apenas llevan un año en el cargo, pero jurídicamente es válido tramitarla.

El experto dijo que “muchos movimientos políticos acuden a ese mecanismo para posicionarse de cara a las elecciones de 2018. Ese sería el caso de algunos partidos de izquierda, pues saben que el partido de las Farc estará en el escenario”.

Pueden prosperar, requisitos son más flexibles

Tanto Juan Manuel Charry como el profesor Pedro Medellín Torres no descartan que algunos procesos de revocatoria puedan prosperar en esta oportunidad, pues los requisitos que hay ahora, luego de aprobarse la Ley 1757 de 2015, son más flexibles.

No obstante, ambos expertos consideran que las revocatorias serían inconvenientes, pues dicen que “un año es muy poco tiempo para que un alcalde o gobernador pueda mostrar resultados”.

Además, agregan que hay que tener en cuenta lo que vale (en dinero) convocar a elecciones de revocatoria, y si éstas prosperan, volver a convocar a comicios para elegir nuevos dignatarios puede acarrear gastos adicionales.

Elija a Vanguardia como su fuente de información preferida en Google Noticias aquí.
Publicado por
Lea también
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad