lunes 24 de abril de 2023 - 1:40 PM

Procuraduría abrió investigación preliminar por controvertido contrato de $40 mil millones de la Alcaldía de Bucaramanga

La Procuraduría Provincial de Bucaramanga anunció la apertura de una indagación preliminar disciplinaria al controvertido contrato de $40 mil millones firmado en los últimos días por la administración de Juan Carlos Cárdenas para intervenir las quebradas La Iglesia y La Flora, al sur de la ciudad.
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La actuación del Ministerio Público se dio debido a las quejas interpuestas por concejales y veedores ciudadanos sobre las presuntas irregularidades en la firma del contrato de construcción y canalización de los cauces de las quebradas La Iglesia y La Flora II, por valor de $40.514 millones.

Además: Las dudas del contrato de $40 mil millones de la Alcaldía de Bucaramanga

Según la Procuraduría, en la indagación preliminar se busca identificar quiénes son los funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga que habría incurrido en las irregularidades contractuales y determinar la calificación de sus presuntas faltas.

“Se ordenó mediante auto de fecha 21 de abril del año 2023, apertura de indagación previa, en contra de funcionarios por determinar de la Alcaldía de Bucaramanga, por presuntas irregularidades en contratación pública”, dicta el documento de la Procuraduría.

Las dudas contractuales

El pasado 14 de abril, la Secretaría de Infraestructura municipal firmó el controvertido contrato de construcción y canalización de los cauces de las quebradas La Iglesia y La Flora II, por valor de $40.514 millones para ser ejecutado en 18 meses (un año y medio).

El millonario convenio entregado por la administración Cárdenas de manera directa, es decir, evitando la licitación pública, estuvo fuertemente criticado por expertos en contratación pública y la Empas, que incluso llegó a denunciar plagios en los estudios previos utilizados por la Alcaldía para firmar el contrato. Por este mismo proceso se habría dado la salida del exsecretario jurídico del municipio, Camilo Quiñóñez Avendaño.

Para poder celebrar el millonario contrato de obra sin recurrir a la licitación pública, la Secretaría de Infraestructura, en cabeza de Iván Vargas, recurrió al régimen especial amparado en la urgencia manifiesta declarada por el alcalde, Juan Carlos Cárdenas, en noviembre del 2022, debido a las afectaciones ambientales en el sur de Bucaramanga que fueron provocadas por las fuertes lluvias que en esa fecha azotaron a la ciudad.

Sin embargo, pasaron cinco meses después de la emergencia y casi cuatro tras la declaratoria de la urgencia manifiesta para que se celebrara el mencionado contrato de obra.

En tal sentido, los veedores sociales cuestionaron la determinación de la administración local de acudir al régimen de contratación especial, evadiendo la licitación pública, a pesar de que el proceso finalmente terminó durando cinco meses.

Reparos de la Empas

Otra de las dudas alrededor del millonario contrato de la Alcaldía tiene que ver con la actualización y legitimidad de los estudios en los que se sustentó la firma del controvertido convenio.

Según Luz Elena Alemán, gerente de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, Empas, los estudios previos mediante los cuales la administración local sustentó todo el proceso contractual para atender la construcción y canalización de los cauces de las quebradas La Iglesia y La Flora II son de propiedad de la Empas y están desactualizados.

La funcionaria aseguró que desde el 2015 se determinó que fuera la Empas la encargada adelantar y priorizar los estudios para mejorar la situación de la quebrada La Iglesia y La Flora, en el barrio San Martín, al sur de Bucaramanga. En tal sentido, en 2021 la empresa de servicios públicos presentó ante el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico el proyecto para la ejecución de dichas obras de mitigación.

Sin embargo, la iniciativa no fue aprobada por el Gobierno nacional debido a la falta de una certificación por parte de la administración local, que posteriormente terminó contratando su propio convenio directo, pero basado en los estudios de la Empas, sin ninguna autorización de la empresa para tal fin.

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