La controvertida elección de los cuatro alcaldes delegados en la Cdmb, las presuntas irregularidades en la licencia ambiental para extraer carbón a Colcco y el aumento del uso de mercurio en Santurbán marcan la agenda de la Procuraduría en Santander.
En el marco de la rendición de cuentas en Bucaramanga, la Procuraduría General de la Nación anunció una serie de acciones judiciales, disciplinarias y preventivas, relacionadas con diferentes problemáticas ambientales por las que atraviesa el departamento de Santander.
Desde la controvertida elección de los cuatro alcaldes delegados ante el Consejo Directivo de la Cdmb en febrero pasado, hasta posibles acciones judiciales por las presuntas irregularidades en la expedición de la licencia ambiental para explotar carbón a cielo abierto en el Carmen del Chucurí, son algunas de las problemáticas a tratar por parte del Ministerio Público.
Dentro del paquete de anuncios hechos por la Procuraduría, el ente de control informó que además de la demanda de nulidad electoral que hace trámite en el Tribunal Administrativo de Santander, TAS, y que suspendió provisionalmente la elección de los cuatro alcaldes elegidos el pasado mes de febrero como delegados ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, también evalúa la posibilidad de abrir unas investigaciones disciplinarias en contra de los funcionarios que participaron activamente en dicha elección.
“Estamos recopilando toda la información, una cosa es la actuación judicial que estamos surtiendo ante el Tribunal Administrativo y otra es la actuación disciplinaria que pudiera derivarse de lo que sucede aquí. Por supuesto que es importantísimo el curso que surta en el poder judicial, para poder establecer si efectivamente estamos en presencia de probables faltas disciplinarias que sean objeto de investigación y de sanción por parte de la Procuraduría General de la Nación”, explicó Gustavo Adolfo Guerrero, procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios.
La semana pasada, el Tribunal Administrativo de Santander ordenó la suspensión provisional de la elección de los cuatro alcaldes como representantes ante la Cdmb, hasta tanto no se resuelva de fondo la demanda de nulidad presentada por la Procuraduría en contra del acto administrativo de dicho proceso de selección, debido a las posibles irregularidades en el trámite de las recusaciones presentadas en contra de todos los miembros de la junta.
Así mismo, el Ministerio Público reveló que no descarta posibles acciones judiciales en contra de la licencia ambiental entregada, al parecer de manera irregular, por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, a la firma cartagenera Colcco, para que explote carbón a cielo abierto en el municipio del Carmen del Chucurí.
“Estamos evaluando nuestra actitud de conducta procesal. Eventualmente podríamos estar interviniendo judicialmente, tenemos identificada una situación en la cual nuestro procurador judicial ambiental y agrario del departamento solicitó una audiencia pública y ésta no fue concedida, es decir, no fue realizada, luego estamos revisando los efectos que ello pudiera tener para determinar la conducta judicial a seguir”, agregó Guerrero.
La licencia ambiental también se encuentra suspendida provisionalmente por orden del Tribunal Administrativo de Santander.
De la misma manera, la Procuraduría prendió las alarmas por el uso de mercurio en las fuentes hídricas de Santander, especialmente en la provincia de Soto Norte, donde la minería ilegal estaría utilizando este tipo de metal pesado para explotar oro ilegalmente en el páramo de Santurbán.
“En el año 2022 conocimos las denuncias por contaminación de mercurio en el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. A raíz de esa denuncias, la Procuraduría se dio cuenta de la gravedad de la situación y aunque nuestro trabajo inició aquí en Bucaramanga, extendimos la alerta en primer lugar en todo el departamento y después en todo el país para frenar el uso de mercurio originado en la mayoría de los casos por la minería ilegal, un negocio ilícito generalmente avalado por los grupos ilegales y al margen de la ley”, explicó Margarita Cabello, procuradora general de la Nación.
Según el Ministerio Público, la cuenca del río Suratá, que surte de agua a Bucaramanga y su área metropolitana, se encuentra por momentos hasta cien veces por encima de los límites máximo permisibles de mercurio.
