Según el Ministerio Público, el exmandatario local incurrió en detrimento patrimonial en la compra de un traje de fuego, un arnés y una camilla, tras evidenciar una diferencia significativa entre el valor del contrato y el precio real de los insumos adquiridos por el municipio, mediante el contrato 030 de diciembre de 2015.
Para la Procuraduría Provincial de San Gil, el exmandatario desconoció, entre otros, los principios de economía y responsabilidad establecidos en la Ley 80 de 1993, según los cuales los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución contractual y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados.
Por estos hechos, la Procuraduría calificó la falta como gravísima en la modalidad de culpa grave, por omitir la revisión y verificación de los precios de compra y los del mercado de los bienes adquiridos por el municipio, y puestos a disposición del cuerpo de bomberos voluntarios.
Contra la decisión de primera instancia el apoderado de Fuentes Viviescas interpuso recurso de apelación, que será resuelto por la Procuraduría Regional de Santander.
