viernes 28 de julio de 2023 - 11:01 AM

“Que no se equivoque”: Procuradora advierte que si se reincorpora, alcalde de Riohacha expone su responsabilidad penal

Margarita Cabello se refirió al choque con el presidente Gustavo Petro y dijo que “está retando al sistema judicial”.
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Sigue el choque entre la Procuraduría General y la Casa de Nariño a raíz de la suspensión que el ente de control ordenó del alcalde de Riohacha (La Guajira), José Ramiro Bermúdez, ante la cual el presidente Gustavo Petro dijo que no la atenderá.

El Jefe de Estado argumenta que el país debe acatar la disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2020 en el sentido de que las autoridades administrativas no pueden destituir a funcionarios electos por voto popular, sino que deben ser las judiciales.

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Entre tanto, la procuradora Margarita Cabello sostiene que se debe respetar la institucionalidad del país y que la posición del presidente es de no cumplir el ordenamiento jurídico colombiano.

En entrevista con la W Radio, la jefe del Ministerio Público aseguró que “la orden de suspensión está cumpliéndose y tiene que cumplirse, eso es fundamental (...). El alcalde de Riohacha podría exponerse a una responsabilidad penal y disciplinaria si regresa a su cargo”.

Así mismo, arreció con sus críticas al mandatario del país señalando que “está mandando un mensaje gravísimo para la institucionalidad del país. Es la primera vez en la historia que un presidente dice que no acata una orden de un órgano independiente”.

En ese sentido, Margarita Cabello agregó que, respecto al fallo de la Corte IDH de 2020, la Corte Constitucional definió cómo se debe aplicar la sentencia. “Si el presidente no acata la orden es un tema de responsabilidad de él”, puntualizó.

“Yo estoy acatando el ordenamiento jurídico colombiano. En el país, la última palabra en temas jurídicos los tiene la Rama Judicial a través de la Corte Constitucional”, aseveró en esa emisora la procuradora ante la posibilidad de que acudan a la Corte Interamericana para aclarar este galimatías judicial.

Este jueves, mediante un control ex oficio de convencionalidad, el presidente de la República le envió una respuesta a la procuradora general sobre la destitución que ordenó contra el alcalde de Riohacha, La Guajira, José Ramiro Bermúdez Cotes.

El mandatario dijo que la Procuraduría no es una autoridad que pueda determinar este tipo de suspensiones provisionales y que, por lo tanto, desatendería la orden.

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Vale recordar que el fallo de la CIDH de 2020 fue un pulso que Gustavo Petro le ganó al Estado Colombiano por la destitución e inhabilidad de la que fue objeto en 2013, cuando el entonces procurador Alejandro Ordóñez lo sancionó por los problemas de implementación del esquema de recolección de basura en Bogotá.

El alcalde José Bermúdez es investigado disciplinariamente por las presuntas irregularidades en la contratación para la construcción y operación de acueducto y alcantarillado de la ciudad: proceso que se adjudicó en marzo pasado

En ese sentido, Margarita Cabello agregó que, respecto al fallo de la Corte IDH de 2020, la Corte Constitucional definió cómo se debe aplicar la sentencia. “Si el presidente no acata la orden es un tema de responsabilidad de él”, puntualizó.

“Yo estoy acatando el ordenamiento jurídico colombiano. En el país, la última palabra en temas jurídicos los tiene la Rama Judicial a través de la Corte Constitucional”, aseveró en esa emisora la procuradora ante la posibilidad de que acudan a la Corte Interamericana para aclarar este galimatías judicial.

Este jueves, mediante un control ex oficio de convencionalidad, el presidente de la República le envió una respuesta a la procuradora general sobre la destitución que ordenó contra el alcalde de Riohacha, La Guajira, José Ramiro Bermúdez Cotes.

El mandatario dijo que la Procuraduría no es una autoridad que pueda determinar este tipo de suspensiones provisionales y que, por lo tanto, desatendería la orden.

Vale recordar que el fallo de la CIDH de 2020 fue un pulso que Gustavo Petro le ganó al Estado Colombiano por la destitución e inhabilidad de la que fue objeto en 2013, cuando el entonces procurador Alejandro Ordóñez lo sancionó por los problemas de implementación del esquema de recolección de basura en Bogotá.

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