martes 23 de junio de 2020 - 12:00 AM

Corte Constitucional declaró exequible Decreto Presidencial que permite reducir tarifas de impuestos por el COVID-19

La sala plena de la Corte Constitucional consideró que las facultades otorgadas por el Gobierno nacional para que alcaldes y gobernadores puedan realizar cambios en las tarifas de impuestos y modificaciones a los presupuestos para la vigencia 2020, como medidas destinadas a aliviar la crisis económica y social derivada de la pandemia, fueron ajustadas a la Constitución.
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La Corte decidió declarar la constitucionalidad condicionada del artículo 1 del Decreto Legislativo 461 de 2020, en el entendido de que la facultad para reorientar rentas de destinación específica no autoriza a gobernadores y alcaldes para modificar las leyes, ordenanzas ni acuerdos de creación o modificación de tales rentas, y solo puede ejercerse mediante la modificación del presupuesto de la actual vigencia fiscal.

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Codicionamiento

A pesar de su autorización, la Corte decidió condicionar el alcance del artículo segundo del Decreto Legislativo, el cual autoriza a los mandatarios locales para reducir las tarifas de los impuestos.

La Sala Plena virtual decidió declararlo ajustado a la Constitución de manera condicionada en el entendido de que esta facultad no autoriza a gobernadores y alcaldes para modificar las leyes, ordenanzas ni acuerdos que las fijaron, y que estas medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal en caso de que no se señalare un término menor.

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“La medida adoptada en el artículo 2 del Decreto 461 de 2020, no resulta aplicable a tasas y contribuciones; es de carácter temporal; su único objetivo es el de conjurar la inminente crisis e impedir la extensión de sus efectos, en el marco de la emergencia; y debe ejercerse con observancia de los mandatos constitucionales, respecto de tarifas previamente fijadas por los órganos competentes, razón por la que no constituye autorización para modificar las leyes, ordenanzas ni los acuerdos que fijaron las tarifas”, dicta la Corte.

En el estudio del Decreto, presentaron salvamento parcial de voto los magistrados Diana Fajardo, Cristina Pardo y Alberto Rojas. La votación fue 6-3.
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