martes 13 de agosto de 2019 - 12:00 AM

Registraduría y CNE proponen nuevo Código Electoral

Con proyecto de ley buscan reformar el Código Electoral que rige en Colombia y el cual tiene más de 30 años desde su última actualización. La iniciativa no se implementará en las próximas elecciones de octubre.
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A pocas semanas de que se lleven a cabo en Colombia las elecciones de autoridades locales y regionales, la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, CNE, le presentaron al país el proyecto de ley por medio del cual se hace un revolcón al Código Nacional Electoral de 1986.

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Según el registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, con este proyecto de ley se pretende modernizar el Código Electoral actualmente vigente, muchas de cuyas normas se encuentran obsoletas e inconstitucionales.

“El Proyecto de Ley recoge muchas de las innovaciones que la Registraduría Nacional del Estado Civil ha venido incorporando en el desarrollo de los comicios electorales y algunos otros cambios que mejorarán el proceso electoral en Colombia”, explicó Galindo Vácha.

Las reformas

La iniciativa que será radicada en el Congreso de la República para su correspondiente trámite en el legislativo contempla reformas como: la ampliación en una hora de la jornada de la votación, que iría de ocho de la mañana a cinco de la tarde, identificación biométrica en todos los puestos de votación del país.

“Hoy las condiciones son diferentes, la mayoría de los puestos de votación están bajo techo y funcionan en mejores condiciones”, dijo Juan Carlos Galindo.

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Así mismo, el Registrador afirmó que con este proyecto legislativo se contemplan nuevas alternativas para luchar contra los delitos electorales, a través de normas como que el Censo electoral permanentemente será actualizado, la creación de un Sistema de Información de Antecedentes para Cargos de Elección Popular. Y se plantean estímulos económicos a partidos para la realización de consultas internas y para la conformación de registros de afiliados.

Jurados y biometría

Así mismo, los autores del proyecto de ley proponen reducir de seis a cinco el número de jurados por mesa de votación, pero que se disponga del pago de dos días hábiles de salario.

Los puestos de votación se definirán seis meses antes de cada elección, se regularán las funciones de los jurados de votación que antes no estaban previstas expresamente, y se disponen de sanciones diferenciales para jurados de votación, por inasistencia a la jornada electoral, inasistencia a capacitación.

Se plantea el uso de una plataforma tecnológica para la selección de jurados de votación y un procedimiento para esta actividad. Se crearía el Sistema Integral de Testigos Electorales, Site, como una plataforma para la designación de testigos, asignación a las mesas de votación, que además permitirá a los testigos enviar información en tiempo real sobre la jornada de votación y escrutinios a sus partidos políticos.

Además, el Registrador indicó que el proyecto hace especial énfasis en que se masifique el uso de la identificación biométrica en todos los puestos de votación del país. Eso en cierta forma supliría por ahora el uso del voto electrónico en el país.

Sin embargo, Galindo sostuvo además que aunque el CNE había solicitado para las elecciones de octubre el uso de la huella por cada elector, no se pedirá. “El mismo, implementarlo costaba $110 mil millones, pero el Ministerio de Hacienda dijo que no había presupuesto”, explicó Galindo.

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Transporte gratuito para votantes

Dentro de la iniciativa legislativa que contempla 191 articulo modificatorios, la Registraduría y el CNE vuelven a proponer que haya transporte público gratuito para los votantes y se deja en el Gobierno Nacional la reglamentación del mismo, aunque los candidatos y campañas pueden ofrecer transporte para los votantes, y con obligaciones de reportar este servicio al CNE y al alcalde municipal.

Así mismo, reitera la autonomía administrativa y financiera del Consejo Nacional Electoral y se le dota de una presencia nacional, con sedes en las capitales de departamento. Y la participación del Ministerio Público en actividades de control electoral.

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