domingo 06 de abril de 2014 - 10:28 AM

Relatoría de la OEA se pronunció sobre amenazas contra Subdirectora de Vanguardia Liberal

Una vez conoció el caso, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos, OEA, destacó que el periodismo de investigación debe contar con garantías reforzadas para que pueda actuar libre de amenazas e intimidaciones.
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Sin profundizar en ningún caso en particular y recalcando que se estudiará el caso de las amenazas en contra de la vida de la subdirectora de Vanguardia Liberal, Diana Saray Giraldo, la Relatoría Especial, creada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, en octubre de 1997, destacó la importancia y el deber de informar asuntos de interés general necesarios para el enriquecimiento del debate público.

“Es importante mencionar que para esta oficina el periodismo de investigación debe contar con garantías reforzadas para que pueda actuar libre de amenazas e intimidaciones, especialmente cuando aborda asuntos de interés general necesarios para el enriquecimiento del debate público. Asimismo, de acuerdo con el principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”, afirmó la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero.

La experta en derechos humanos destacó también que los funcionarios “cuentan con el derecho a defenderse y manifestar sus posiciones frente a críticas que consideren injustas u ofensivas, pero esto debe hacerse sin abusar de recursos públicos, sin estigmatizar a sus críticos o contradictores y respetando en todo momento los derechos humanos de todas las personas involucradas”.

La Relatora Especial, Catalina Botero, recalcó que el debate debe realizarse dentro del ambiente de tolerancia y pluralismo, “en el que los funcionarios públicos están obligados a promover y como consecuencia del mayor escrutinio que deben soportar por su especial condición. Asimismo, en su condición de servidores públicos, deben condenar públicamente cualquier ataque a la libertad de expresión”.

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