jueves 11 de julio de 2019 - 12:00 AM

Reprograman audiencia de imputación de cargos por escándalo de Vitalogic

El contrato investigado tiene un valor de 336 millones de pesos.

La Fiscalía anunció que la audiencia de imputación de cargos al exgerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, José Manuel Barrera Arias; al jefe de disposición final de la entidad, Rubén Enrique Amaya; y al contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala, por el escándalo de Vitalogic, fue aplazada y quedó programada para el próximo 9 de agosto a las 9:30 de la mañana.

Desde mayo de 2019 la Fiscalía ha intentado imputarle cargos por los delitos de falsedad en documento privado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

Sin embargo, “la defensa de los investigados ha interpuesto recursos de apelación que han impedido la realización de la audiencia judicial los días 30 de mayo y 5 de julio”, dice la Fiscalía en un comunicado.

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El contrato investigado, por valor de 336 millones de pesos, tenía como objeto realizar la elaboración y evaluación técnico ambiental, financiera y jurídica para la implementación de nuevas tecnologías en el sitio de disposición final de residuos sólidos de El Carrasco.

Según el ente acusador, existen pruebas suficientes que demostrarían la participación de los tres implicados dentro de las presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de consultoría 096 de 2016 firmado entre la Emab y Alarcón Ayala.

Entre las inconsistencias registradas en el mencionado contrato, Alarcón Ayala viabilizó la propuesta de Vitalogic, para el manejo de las basuras de la ciudad con el uso de nuevas tecnologías, a pesar de que la firma no presentó en su oferta una póliza de garantía como lo exigía la Ley y como estaba estipulado en la licitación.

De haberse acogido la recomendación de Jorge Alarcón, el municipio hubiera contratado con Vitalogic la tecnología alternativa para la disposición de los residuos sólidos en El Carrasco, avaluado en cerca de 250 millones de dólares.

El contrato investigado, por valor de 336 millones de pesos, tenía como objeto realizar estudios previos a la implementación de nuevas tecnologías en El Carrasco.
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