martes 24 de noviembre de 2015 - 12:01 AM

Responsabilidad fiscal por contrato para de redes de gas rural de Bucaramanga

Por haberle presuntamente causado un daño al municipio por $656 millones, la Contraloría de Bucaramanga imputó responsabilidad fiscal a la exsecretaria de Infraestructura de la ciudad, Silvia Inés Pérez Lesmes.

La determinación del ente de control fiscal se remite a presuntas irregularidades en la formulación de un proyecto para la gasificación en zona rural del municipio, que aunque comenzó costando $1.979 millones hoy supera los $3.200 millones.

Específicamente, la Contraloría determinó que con sus actuaciones, la entonces funcionaria de la administración de Fernando Vargas Mendoza ocasionó que el contrato se adicionara en más de $700 millones, debido a que recomendó suscribir el convenio con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, cuando la empresa idónea para hacerlo era Gasoriente.

Precisamente y debido a la formulación de esos estudios, un año y medio después de suscrito el contrato, la Alcaldía de Bucaramanga tuvo que firmar un nuevo convenio con Gasoriente para que esa entidad supervisara la construcción de las redes, que tras la triangulación hecha entre la Alcalía y el Acueducto fue subcontratada y quedó en manos de Leonardo Luna Escalante, quien fue vinculado a la presente administración como asesor de Luis Francisco Bohórquez.

Así las cosas, la Subdirección Técnica de la Contraloría, en cabeza de Jorge Gómez Toloza, consideró que las actuciones de la exfuncionaria habrían sido a título de dolo y convocó a las aseguradoras que fungieron como garantes de la contratación para que respondan solidariamente por los recursos comprometidos.

A siete años de suscrito el contrato aún no están prestando servicios esas redes.

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