miércoles 13 de marzo de 2013 - 5:53 PM

Revelan panorama de actores armados ilegales en Santander

Diferentes entidades aseguran que en Santander hacen presencia grupos armados ilegales como el Eln, las Farc y las Bandas Criminales o Bacrim.

En su informe anual sobre el conflicto armado en Colombia, la ONU y la Corporación Arcoiris aseguraron que aún persiste la presencia de grupos “neoparamilitares” en el Magdalena Medio. Según el reporte del 2012 de la Unidad Regional de Atención a Víctimas, en nueve municipios Santander se detectó la presencia de grupos armados ilegales del Eln, Farc y Bandas Criminales o Bacrim.

El representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el director de la Corporación Arcoiris coincidieron en afirmar a Vanguardia.com que las Bacrim operan en el Magdalena Medio santandereano y es responsable de amenazas contra defensores de derechos humanos. 

Según estas organizaciones, luego del proceso de desmovilización de los paramilitares en 2003, en toda Colombia quedaron pequeñas células de estos grupos, identificadas como bandas criminales o bacrim.

A su turno, la Unidad Regional de Atención a Víctimas, dependiente del Departamento para la Prosperidad Social, estableció en su reporte sobre el 2012 que hay reportes de presencia de las Farc en los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí. A su turno, estableció que el año pasado se tuvo registro de presencia del Eln en Charta, Coromoro, Matanza y San Vicente de Chucurí.

Finalmente, presencia de Bacrim fue reportada por la Unidad Regional de Atención a Víctimas en Barrancabermeja, Bucaramanga, Puerto Wilches y Simacota. 

Situación de los derechos humanos en Santander

Todd Howland, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseguró en Bucaramanga  que la ONU está preocupada porque “hay muchas amenazas en Barrancabermeja contra defensores de derechos humanos”.

Según Howland, “hay panfletos que incluyen muchas personas y muchos grupos. En esa región hay violaciones económico-sociales, es decir, que no hay garantías para el trabajo digno, ni la educación digna”, explicó.

Asimismo, el experto de la ONU argumentó que es “preocupante” que los defensores de derechos humanos “tienen muy poca protección”, y precisó que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo gestiones con la Agencia Nacional de Protección (antiguo DAS) para aumentar la seguridad de estas personas en el departamento.

Aunque no reveló cifras respecto a estas amenazas, el diplomático manifestó que se realiza un trabajo con la Fiscalía para hacer un seguimiento a estas denuncias. “Hay muy pocas sentencias en razón a las amenazas de derechos humanos en Santander. Para un ejemplo, en este año no ha habido ninguna decisión…”.

Según datos de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 2012 fueron asesinados 37 defensores de derechos humanos en Colombia. “Eso ocurre porque no hay tanta protección por los defensores en áreas rurales y es crítico que esto pase en momentos en los que se está dando un proceso de reparación”.

Situación de las bacrim

Para el representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos los paramilitares nunca se fueron de Santander, sino que “se convirtieron en bacrim y están violando más los derechos de los colombianos”.

Por su parte, León Valencia, director de la Corporación Arcoiris, explicó a Vanguardia.com que el punto clave del conflicto en Santander está en el Magdalena Medio. “Esa zona, que es importantísima para el Eln y las Farc, la perdieron las dos guerrillas por la ofensiva de los bloques paramilitares y la Fuerza Pública en los últimos años”.

Lo ocurrido cambio la presencia de las guerrillas por los ‘paras’, pero no hizo que disminuyera la violencia, que se ha mantenido aún después de la desmovilización de las Autodefensas en 2003, según comentó Valencia.

El Director de la Corporación Arcoiris consideró que el error del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez fue declarar extinto el fenómeno del paramilitarismo, mostrando a los grandes jefes tras las rejas. Eso “hizo que en la fuerza pública y el pueblo se creará un estado de tranquilidad y permitió que se agruparan muchos mandos medios, que siguen ahí, pero son menos notorios y por tanto, son más difíciles de acabar… Estos grupos adoptaron el nombre de bandas criminales y al Magdalena Medio llegaron para quedarse, porque esa zona es muy importante como vía de acceso y salida hacia el centro y occidente del país”.

A pesar del panorama, León Valencia acotó que la justicia ha hecho una buena labor, interviniendo para investigar y sancionar a los ‘parapolíticos’ que tenían vínculos con el Bloque Central Bolívar, que actuaba en Santander.

Según el informe “Del Caguán a La Habana”, presentado por la Corporación Arcoiris y en el que se habla de la dinámica actual del conflicto armado, las Farc y el Eln han ido saliendo de sitios históricos para ellos en Santander, Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Norte del Meta y Norte del Tolima.

 ¿Qué dice la Gobernación?

Al respecto la Gobernación de Santander, por medio del secretario del Interior, Carlos Ibáñez Muñoz, aseguró que están atentos a estas denuncias y mediante los consejos departamentales se ha fortalecido la seguridad en la zona para eliminar ese fenómeno.

“Los paramilitares mutaron, por eso es necesario el compromiso del Estado con la zona. De la mano de la Policía y el Ejército hemos ido dándole golpes muy certeros a estas organizaciones ilegales. Hemos ido controlando la situación”, sostuvo Ibáñez.

El funcionario explicó que en la zona del Magdalena Medio hay presencia de las bandas criminales de Los Rastrojos, Los Urabeños y Los Botalones, que estarían actuando en la zona fronteriza con los departamentos de Cesar, Bolívar y Antioquia.

Por esta razón, el Secretario del Interior reveló que la Gobiernación solicitó la mediación del Ministerio del Interior para convocar una cumbre de Gobernadores de Santander, Antioquia, Cesar, Bolívar y Norte de Santander para tratar la situación con estas bandas.

“No queremos que el Magdalena Medio vuelva a lo ser lo que fue en los 90 y estamos al frente de la situación. La semana entrante vamos a Bogotá a coordinar está reunión con los gobernadores”, agregó Ibáñez.

 Efectos de la liberación de jefes ‘paras’ en Santander

Tanto para el Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como para la Corporación Arcoiris, es un peligro latente que los jefes paramilitares que se acogieron a la justicia cumplan sus penas entre 2013 y 2014 y puedan salir de la cárcel.

Según Todd Howland, “la reparación se refiere a los despojos y este aspecto muchas veces es responsabilidad de los ‘paras’, que si bien están encarcelados aún tienen control aún de gran parte del Magdalena Medio y otras áreas de Santander. Estamos preocupados por este regreso y por la realidad que los ‘paras’ mantienen influencia en estas tierras. Este aspecto lo sabe el Gobierno Nacional”.

Para Valencia, la liberación de paramilitares como Rodrigo Pérez Alzate, alias 'Julián Bolívar’, comandante de las Auc en el Magdalena Medio, “influiría en la dinámica del conflicto en la zona, porque ellos aún presos quedaron con muchos nexos en la región”.

¿Cómo va la reparación de las víctimas?

El representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoció que la Ley de Víctimas, que inició su aplicación en 2011, es muy importante para el país”. “Colombia es el segundo país en cuanto a desplazados. Hay casi 5 millones de ellos, por eso no será un proceso fácil, pero hay tiempo para eso”.

El problema es que “el Gobierno está definiendo las víctimas de forma restringida. La Ley de Víctimas reconoce a las víctimas de las Farc, el Eln y los paramilitares, pero no a los de las llamadas Bacrim. Somos críticos del proceso de desmovilización de los paramilitares porque debió haberse hecho de una manera en la que no haya repetición”.

Por su parte, León Valencia, director de la Corporación Arcoiris, aseguró que  la reparación y restitución en el marco de la Ley de Víctimas en Santander es “complicada”, puesto que se centra en la zona noroccidental del departamento, en donde aún problemas por la presencia de “usurpadores”.

“El conflicto allí por la tierra viene desde los años cincuenta por razones que también están ligadas a la minería. Allí hubo una expropiación masiva y no se tiene aún una idea clara del tamaño del despojo… Históricamente, esa zona fue muy disputada por el oro y entre paramilitares y guerrilla del Eln”, aseguró.

Además, el Gobierno Nacional debe tener cuidado que en la reparación que se quiere hacer en esta región de Santander no ocurra “lo que ocurrió en la hacienda Las Pavas (en ese terreno se asentaron campesinos que reclamaron la tierra como suya y por ello hubo una disputa jurídica)”.

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