martes 10 de junio de 2014 - 12:01 AM

Serios cuestionamientos genera empresa contratista de Alcaldía de Bucaramanga

Ha obtenido varias licitaciones en procesos de único proponente además de haber sido vendida por valores difíciles de explicar entre personas relacionadas con Luis Francisco Bohórquez
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Luego de las denuncias sobre el presunto direccionamiento ilegal de un contrato que está en etapa de adjudicación en la Alcaldía de Bucaramanga a favor de Probraco Ltda, se empezaron a conocer más detalles de esa empresa, que en los últimos años ha ejecutado millonarios recursos del municipio.

Vanguardia Liberal rastreó el pasado de esa firma y el de sus socios y encontró que está estrechamente relacionado con el mandatario de la ciudad, Luis Francisco Bohórquez Pedraza.

La constitución

El 16 de marzo de 2009, según consta en el registro de constitución de la empresa, Zayda Judith Cristancho Pedraza, prima del mandatario de la ciudad, y Blanca Marina Pedraza Martínez, tía y también excuñada del Alcalde, se reunieron para constituir Probraco Ltda.

La firma, que nació a la vida jurídica ese día con un capital de $5 millones, contempló dentro de su amplio objeto social la posibilidad de construir desde obras de ingeniería hasta exportar productos agrícolas y dar talleres de cooperativismo.

En 2011 Probraco ya había ejecutado contratos por más de $337 millones y según el estado de resultados de ese año, obtuvo utilidades netas por $18 millones para sus socias.

No obstante y pese a que el rendimiento demostraba que era una empresa que estaba tomando solidez, el 22 de diciembre de 2011 (dos años después de constituida) y a 9 días de que Luis Francisco Bohórquez Pedraza asumiera como Alcalde de Bucaramanga, sus familiares decidieron venderla por los mismos $5 millones con los que la habían constituido.

“Ese movimiento no tiene sentido. No es lógico que usted venda una empresa que ya se empieza a fortalecer por el mismo valor por el que la constituyó, aquí usted no solo está comprando una razón social sino la experiencia y eso valoriza la firma”, explicó un experto en contaduría pública consultado por Vanguardia Liberal.

La Unidad Investigativa intentó contactarse en repetidas ocasiones con Zayda Judith Cristancho Pedraza, quien hasta este año era contadora pública de la Gobernación de Santander, para conocer el porqué del movimiento, pero no obtuvo respuesta.

Así las cosas, Probraco pasó a manos de John Fernando Quintero Roa, quien hasta entonces había oficiado como gerente de la firma, y de Claudia Juliana Lucena Lizarazo, su esposa.

La contratación

En 2012, Probraco empezó a entrar en las grandes ligas de la contratación pública.

Con un capital de trabajo de apenas $28 millones, logró contratos ese año en el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y en la Alcaldía.

Precisamente, en consorcio con Salomón Iglesias, contratista que después denunciaría presuntos direccionamientos de procesos de selección a favor de la entonces creciente firma, ganó un concurso de méritos para ejecutar la interventoría del alumbrado público de la ciudad por $482 millones en la administración municipal.

En ese consorcio que se denominó ‘Iluminación Bucaramanga 2012’, Probraco tuvo el 50% de la participación.

Durante su ejecución, debido a varias modificaciones el contrato pasó a valer $745 millones, es decir, fue adicionado en un 54%, pese a que por ley el tope para aumentar la destinación de recursos a un mismo proceso es del 50%.

Así las cosas, el 23 de diciembre y con el fin de “ser más competitivos en las licitaciones”, Claudia Lucena capitalizó la empresa en $250 millones, lo cual la dejó con el 99% de propiedad de la misma. Quintero Roa, su esposo, argumentó que no tenía recursos para invertir.

Esa capitalización coincidió con la apertura de dos procesos de selección para contratar con el sector público que más adelante quedarían en manos de Probraco. Por un lado, la firma se quedó con una interventoría de $233 millones y por otro con la ejecución de $2.421 millones de la Gobernación de Santander, para el “mejoramiento y mantenimiento” de obras de equipamiento urbano en Girón, Floridablanca y Piedecuesta.

No obstante, el proceso de la Gobernación tuvo una particularidad y es que se hizo en consorcio con Quintero Roa, gerente de Probraco, quien tuvo el 98% de la participación.

El restante dos por ciento quedó dividido entre Probraco y un particular, quien fue el que acreditó el capital de la sociedad, y que en papeles señaló que tenía más de $2 mil millones de músculo financiero, pese a su mínima participación.

“Es común que eso suceda, pero no es el deber ser. Normalmente eso se realiza para darle experiencia a una empresa o a un particular, pero no es lógico que se hagan ese tipo de asociaciones, porque el consorcio responde solidariamente por toda la inversión, entonces sería el equivalente a decir que usted va a poner en juego su patrimonio para responder por una obra en la que apenas va a participar del 1% de las utilidades”, precisó un experto en contratación estatal.

Para ese entonces, ya era común que Probraco participara en procesos de selección que contaban con un único proponente, gracias a las restricciones en los pliegos de contratación pública.

La malla vial

Con ese terreno ganado, el 12 de marzo de 2013 y aún acreditando un capital de trabajo de $28 millones, la otrora empresa de los familiares del Alcalde de Bucaramanga se presentó para obtener la interventoría de uno de los contratos más grandes que se han licitado en esta administración: la recuperación de la malla vial, que ascendió a los $42 mil millones.

Para ese proceso y como ya era regular, Probraco se consorció con su propio gerente por el 70% del contrato, y un tercero completó el 30% restante.

Pese a que el objeto del contrato a ejecutar no era extraño y en el departamento hay muchas firmas que pueden competir por su ejecución, al cierre del proceso de selección solo se presentó esa propuesta.

La calificación que el equipo jurídico de la Alcaldía le dio fue de 860 puntos sobre 1.000 posibles, y la experiencia la aportó en su totalidad el tercero que representa el 30% del consorcio.

Así las cosas, el contrato de interventoría por $2.726 millones y por un plazo de al menos 27 meses, le fue adjudicado el 3 de abril de 2013.

Pero la bonanza no terminó allí. En junio de 2013 y nuevamente en un proceso de único proponente, Probraco se quedó con otro contrato de la Alcaldía de Bucaramanga.

Esta vez, al igual que en 2012, Probraco participó en una licitación en consorcio con Salomón Iglesias para quedarse con la interventoría del Alumbrado Público de la ciudad. En esta ocasión el 70% de la participación de la sociedad era de la firma y el 30% restante del particular,

Ese proceso de selección tuvo un valor de $1.247 millones y un tiempo de ejecución de ocho meses y también se dio en un concurso en el que participó un único oferente. La adjudicación se cumplió el 28 de mayo

La nueva venta

Pese a que Probraco tenía contratos en ejecución que sumaban varios miles de millones de pesos, en un giro inesperado fue vendida por $250 millones.

Los nuevos socios fueron Andrea Liliana Parra Ramos y Freddy Alberto Aparicio Sánchez.

Una vez se concretó la nueva transacción, Probraco pasó de tener sede en el barrio Provenza, en una casa de familia, a ubicarse en el barrio Hacienda San Juan, en un apartamento estrato 2 en el que reside la nueva dueña.

¿Por qué fue vendida esa empresa cuando estaba ejecutando millonarios recursos? ¿De dónde salieron los $250 millones para comprar esta próspera firma, que ni siquiera cuenta con local comercial?¿Cómo una empresa con tan prominentes negocios funciona en una casa de familia?

Vanguardia Liberal intentó conocer las versiones de Andrea Liliana Parra, pero el número de celular que aparece registrado en el certificado de representación de Probraco está suspendido.

En cuanto al número fijo, aseguran que ahí no funciona ninguna empresa. Esta redacción también intentó hablar con John Fernando Quintero Roa, pero fue imposible ubicarlo.

Las relaciones

Las relaciones que guardan dos de los tres dueños que ha tenido Probraco se remiten a su cercanía a la Iglesia Cristiana Manantial de Amor, MDA, de la que también es miembro Estefanny Bohórquez, hija del Alcalde.

Tanto Zayda Judith Cristancho Pedraza, fundadora de Probraco, como Liliana Parra, actual representante legal de la firma, son miembros de esa comunidad religiosa, que dentro de sus dirigentes cuenta con personas muy cercanas al mandatario.

Precisamente Leonardo Luna, predicador de esa iglesia, es esposo de María Floralba Pedraza Martínez, quien es tía y excuñada de Luis Francisco Bohórquez así como hermana de Blanca Marina Pedraza Martínez y tía de Zayda Judith Cristancho Pedraza (las primeras socias de Probraco y también familiares del Alcalde).

Adicionalmente, y según varias fuentes consultadas por esta redacción que pidieron la reserva de su nombre, Luna, además de exconcuñado del Alcalde, es uno de los hombres más cercanos a su administración. De hecho, fue parte de su comisión de empalme en 2011.

No obstante, las relaciones de Luna con lo público son más y van de la mano con la contratación estatal y presuntas irregularidades en la ejecución de al menos $1.800 millones de un convenio para la instalación de gas rural que se hizo en la administración de Fernando Vargas Mendoza, quien fue destituido por la Procuraduría en 2011.

Vanguardia Liberal rastreó esa contratación y tuvo acceso a un informe de la Contraloría General de la República en el que se señala que existió una triangulación entre la Alcaldía de Bucaramanga y el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga para que la segunda entidad subcontratara las obras con Leonardo Luna Escalante, quien aunque en 2009 se comprometió a entregar las redes de gas rural de la ciudad en un término de 12 meses, a hoy no ha cumplido.

“(Existen) falencias en los procesos y procedimientos en la etapa precontractual, lo cual conllevó a que el municipio al efectuar este convenio vulnerara los principios de planeación, transparencia y la selección objetiva de sus contratistas, dado que la entidad pública sirvió de intermediaria”, señala un aparte de la comunicación del ente de control.

Esta redacción se contactó con Jorge Mesa, quien fue el denunciante y aseguró: “no hay derecho a que eso suceda. Solo hay instaladas unas rejillas con algunas redes y resulta que no funcionan, porque no cumplen con las especificaciones técnicas”.

Por estos hechos la Contraloría tiene abierto un proceso de responsabilidad fiscal contra Luna. En la Fiscalía y la Procuraduría también existen denuncias por la ejecución de esos recursos.

Vanguardia Liberal intentó en repetidas ocasiones comunicarse con Leonardo Luna pero no contestó ninguna de las llamadas ni los mensajes dejados a su secretaria.

ALCALDE RESPONDE

¿Cuál es su relación con Probraco?

No tengo ni idea cuál es esa empresa.

Esa empresa fue creada por familiares suyos, fue vendida diez días antes de que se posesionara como Alcalde y ha contratado con su administración...

No sé ni me incumbe porque como le expreso, no conocía ni siquiera el nombre de la empresa. No me consta nada.

¿Entonces usted no conoce la empresa ni sabe si sus familiares han hecho parte de ella?

No tengo ni idea. Yo no contrataría a nadie que sea de mi familia porque es obvio que es abiertamente ilegal.

¿Cuál es su relación con Leonardo Luna, quien fue parte de la comisión de empalme y con la Iglesia Manantial de Amor?

No soy familiar de Leonardo Luna y yo soy católico.

Los nuevos dueños de Probraco tienen en común que hacen parte de la Iglesia Manantial de Amor, de la que también es parte su hija y el señor Leonardo Luna...

No sé si vayan a la misma iglesia, no me consta.

¿Cuál es la relación de Leonardo Luna con su administración?

Él es un empresario, no tengo ningún parentesco con él. Estuvo en el comité de empalme porque es un ingeniero de gran reconocimiento profesional. Lo que le puedo decir es que no hay nada ilegal. Usted habla de la hoja de vida de una empresa que no conozco y menos su historial.

¿Pero el señor Luna actualmente tiene algo que ver con su administración?

Creo en su criterio técnico y en oportunidades lo he consultado en temas de ingeniería, como me apoyo en muchas decisiones de gobierno con profesionales de diferentes ramas. Un gobernante no lo sabe todo, a veces es bueno escuchar puntos de vista y eso no es ilegal.

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