Video | “Es una persecución política”: abogado de Rodolfo Hernández se despacha contra la Procuraduría

Según Julio César Ortiz, el Ministerio Público se extralimitó en la sanción disciplinaria que le aplicó al excandidato presidencial Rodolfo Hernández, toda vez que no tenía la facultad para inhabilitarlo ya que es un exfuncionario de elección popular.

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“La Procuraduría sanciona de manera ilegal, fuera de sus competencias y sin fundamento probatorio alguno a Rodolfo Hernández. El alcalde tenía el derecho de difundir una nueva política pública, de reunirse con actores públicamente, señalarles cuál era su visión del aseo del depósito final de los residuos sólidos, es su deber político hacerlo, no puede la Procuraduría sancionar a Rodolfo Hernández por tomar café como le consta a Bucaramanga en una cafetería pública, en un centro comercial. Un mandatario o un político tiene el deber de impulsar la promoción pública de sus políticas y por eso lo sanciona la Procuraduría”, consideró Julio César Ortiz.

Así mismo, el abogado defensor insistió en que el exmandatario municipal jamás entregó información privilegiada para el proceso de contratación de las nuevas tecnologías para el tratamiento de residuos sólidos como le endilga la Procuraduría General.

“¿Por qué la Procuraduría no se atreve a decir que es ilegal? solo que a través de la expresión subjetiva ética, abstracta de lo indebido ordena y lesiona los intereses políticos de un ciudadano que casi es presidente de la República y que puede llegar a ser gobernador de un departamento. La Procuraduría está desbordada, lo indebido debe ser catalogado como ilegal. No tienen una sola prueba que diga que está prohibido fomentar una política pública, es su deber, el gerente público debe promocionarla, hacerla pública hacerla conocida. Y cuál es lo relevante de esa información, que alteraba los juegos legales de la competencia en un concurso que no se realizó”, agregó Ortiz en diálogo con Vanguardia Hoy.

Aunque no ha revisado las 170 páginas del fallo de la Procuraduría, Julio César Ortiz anunció desde ya que apelará la determinación del Ministerio Público tanto en el proceso disciplinario como por las vías judiciales, al considerar que no existen garantías de imparcialidad jurídica en la segunda instancia.

“La apelación hace que no entre en vigencia, no se ejecute la providencia de la Procuraduría, desde luego estamos pendientes, conocedores que esta es una estructura jerárquica, no hay garantías en el sentido de que la segunda instancia sea independiente, son empleados de la Procuradora, desde luego las garantías de trabajo independiente no existe. En consecuencia, estamos preparándonos para asistir a lo contencioso administrativo de tal manera que no le entre en ejecutoria la providencia y el alcalde pueda hacer uso de sus derechos políticos”, anexó el abogado de Rodolfo Hernández.

Incluso, Ortiz no descartó la posibilidad de llevar el caso de Rodolfo Hernández ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Lo que la Convención Interamericana aplicó al caso de Gustavo Petro es precisamente impedir que una decisión de un funcionario administrativo como Alejandro Ordóñez persiguiendo a este exalcalde de izquierda. Luego la Corte, que ya un juez conoce la causa condena al Estado colombiano y ordena a la doctora Margarita Cabello, a quien respeto y admiro, desconoce. Los funcionarios administrativos no pueden enervar los derechos políticos de los ciudadanos colombianos y menos lo que quieren ser elegidos popularmente, Rodolfo Hernández no ha sido condenado penalmente, disciplinariamente no está en firme y vamos a seguir defendiendo para que siga ejerciendo sus derechos políticos”, explicó Ortiz.

Para el abogado, Rodolfo Hernández podrá participar en las próximas elecciones locales ya sea como candidato a la Gobernación de Santander o la Alcaldía de Bucaramanga.

En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 14 años al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, por presuntas irregularidades en el sonado caso conocido como ‘Vitalogic’, cuando fungió como mandatario local para el periodo 2016 - 2019.

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Según el Ministerio Público, se encontró probado interés indebido del exalcalde en el proceso de selección destinado a la asignación del contrato para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos a la Unión Temporal Vitalogic RSU que, de resultar contratada, le daría beneficios económicos a su hijo, en virtud de un contrato de corretaje previamente acordado.

“Se comprobó que Hernández Suárez tuvo una reunión en Bogotá con emisarios de la compañía, no como un acto de cortesía para oír propuestas, sino para conocer como se había estructurado el proyecto que previamente había solicitado, y en ella se acordó designar la persona que elaboraría los términos que permitieran que la citada firma contratista fuera la seleccionada”, explicó la procuradora Margarita Cabello, desde Bucaramanga donde se encontraba realizando la rendición de cuentas de la entidad.

La Procuraduría calificó las dos conductas reprochadas a Hernández Suárez como faltas cometidas a título de dolo, la primera de naturaleza gravísima por interés indebido en la celebración de contratos, y la relacionada con la coacción al funcionario de la Emab, como falta grave.