El Juez 10 penal del Circuito de Bucaramanga desaprobó el preacuerdo firmado entre la Fiscalía y el exgerente de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, Emab, José Manuel Barrera en el marco del juicio por el escándalo conocido como Vitalogic.
En la continuación de la audiencia de juicio en contra de seis sindicados por el escándalo de Vitalogic, el juez del caso desaprobó el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y el exgerente de la Emab, José Manuel Barrera quien buscaba aceptar de manera anticipada los cargos por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, que le endilga el ente acusador a cambio de una reducción de hasta la mitad de la pena.
Sin embargo, el juez de caso consideró que el preacuerdo firmado entre la Fiscalía no cumplió los requisitos de ley ni la jurisprudencia establecido para la realización de preacuerdos, razón por la cual no avaló dicha solicitud.
“Le dieron la calidad de cómplice y le descontaron el 50% de la pena, eso no se pida la rebaja debió ser de 1/6 parte. El presupuesto acuerdo parcial con la fiscalía era aseguramiento domiciliario pero el juez no aceptó y dice que va para la cárcel, sigue la audiencia de José Manuel Barrera”, explicó una fuente cercana al juicio.
“El presupuesto acuerdo parcial con la fiscalía era aseguramiento domiciliario pero el juez no aceptó y dice que va para la cárcel, sigue la audiencia de José Manuel Barrera”, agregó otra fuente.
La medida fue secundada por el Ministerio Público.
Instalación del juicio
Aunque la defensa de José Manuel Barrera le solicitó al juez del caso una nueva prórroga para volver a tramitar el precauerdo con las respectivas correcciones, el juez no concedió dicha solicitud, al considerar que ya se habían dado varios plazos para ajustar el acuerdo entre la Fiscalía y Barrera.
En tal sentido, el juez 10 penal del Circuito de Bucaramanga dio instalación al juicio oral en contra de José Manuel Barrera, César Fontecha, Jorge Alarcón, Rubén Enrique Amaya y Abigail León, por las irregularidades en la celebración del contrato de consultoría 096 de 2016, que tenía como objeto realizar la elaboración y evaluación técnico-ambiental, financiera y jurídica para la implementación de nuevas tecnologías en el sitio de disposición final de residuos sólidos de El Carrasco, por $336 millones.
Todos los implicados se declararon inocentes.
Aunque por este hecho también está siendo investigado Rodolfo Hernández, el proceso en contra del excandidato presidencial pasó a manos de la Corte Suprema de Justicia debido a su nueva fuero como Congresista de la República.
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