Vanguardia Liberal dialogó con la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Paula Gaviria, quien es la encargada de hacer efectiva la Ley de víctimas 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral del conflicto armado interno.
Publicado por: Enoe del Pilar Sepúlveda S.
Gaviria, quien visitó Barrancabermeja el pasado jueves, señaló que la inclusión de la Unidad en el Gran Acuerdo Social servirá como garante para prevenir, proteger, atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto.
Vanguardia Liberal: ¿Cuándo una persona es considera víctima?
Paula Gaviria: El artículo 3 de la Ley 1448 que es la Ley de víctimas define que toda aquella persona que ha sufrido una grave violación a sus derechos humanos o una infracción al derecho internacional humanitario, o sus familiares en primer grado de consanguinidad tienen derecho a acceder las medidas de la Ley.
V.L: ¿Cualquier persona podría decir que es víctima porque le fue asesinado un familiar?
P.G: La Corte Constitucional ya estudió este artículo, hay varias demandas contra este universo de víctimas, y una decisión que se tomó es que se puede ser víctimas cuando hay una relación directa con aquella persona que sufrió la victimización, hay que probar esa relación, pero tendría derecho a la Ley.
V.L: ¿Cuántas personas en la región del Magdalena Medio son consideradas víctimas?
P.G: Tenemos en el registro de la población de situación de desplazamiento, que es el registro que digamos está más avanzado, tenemos un total de 25 mil hogares, que puede ser un total de 130 mil personas. Creemos que aquí en esta región hay muchas más víctimas que estas.
V.L: ¿Cómo evalúa el proceso aquí en Barrancabermeja en cuanto a la implementación de la Ley de víctimas?
P.G: Hay voluntad política, además hay compromiso en los planes de desarrollo. Están las líneas estratégicas que la Ley de víctimas solicita que estén, viene la etapa de concretar unas metas más precisas, con unos recursos más precisos. Se está proponiendo hacer unos planes más regionales como el Magdalena Medio. Los 21 municipios del Magdalena Medio ya tienen sus comités de justicia transicional, tienen el tema de víctimas en sus planes de desarrollo, entonces hay toda la institucionalidad y toda la apuesta estratégica.
V.L: ¿Cuánto es el presupuesto con el que cuentan para la reparación de las víctimas de esta región?
P.G: El presupuesto es la sumatoria de varias cosas, como el aporte que haríamos para la construcción del centro o de los centros. Tenemos una solicitud para la construcción de un centro en Morales, sur de Bolívar, tenemos otros para Santa Rosa del sur. Entonces hay una concurrencia del Gobierno Nacional para apoyar la construcción o adecuación de estos centros, ahí hay unos primeros recursos. Otro recurso que son el apoyo en la ayuda humanitaria, emergencia y transitoria, y cuando la Alcaldía local no tenga para la ayuda inmediata, también hay una concurrencia por parte del Gobierno Nacional.
V.L: ¿Qué tipos de victimización cobija la Ley y cuáles son los que se presentan en el Puerto Petrolero?
P.G: Nosotros estamos en proceso de avanzar en la ruta de reparación integral para las víctimas, acá en Barrancabermeja hay muchas víctimas de delitos como homicidio, masacre, de desplazamiento forzado, secuestro y lo que nosotros queremos es priorizar estás victimizaciones, las solicitudes de personas que llevan esperando varios años su reparación y probablemente en lo que queda del año vamos hacer aquí una jornada de instalación de ese plan Nacional de Atención y de la ruta de reparación integral de las víctimas de la región.
V.L: ¿Desde qué año se cobija a una víctima?
P.G: Dentro de las medidas de la Ley están previstas para todas las dimensiones de la atención y de la reparación a partir del año 1985 y para el tema de despojo de tierras, lo que es la restitución, a partir del año 1991.
V.L: ¿Hasta qué año cobijará la Ley?
P.G: La Ley tiene una vigencia de 10 años, y se supone que las personas en el 2021 todavía tienen, a partir del hecho que sucedió, dos años adicionales para presentar la declaración, entonces podríamos estar hablando de víctimas (ojalá que no hablemos de eso, el escenario es que no haya más víctimas) hasta el 2023.
