Ante nuevos hechos de violencia en Las Pavas, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) lanzó alerta e hizo un llamado de atención a las autoridades.
Publicado por: MARCELO ALMARIO CHÁVEZ
Incoder hizo el llamado a las autoridades ante los nuevos brotes de violencia registrados en Las Pavas, hacienda ubicada al sur del departamento de Bolívar.
El instituto denunció que los campesinos, que esperan la titulación de 1.300 hectáreas de baldíos que reclaman hace 20 años, vieron cómo un grupo de vigilantes les quemaron los ranchos que habían tratado de levantar para vivir mientras les titulan las parcelas.
Según la subgerente de tierras del Incoder, Jhenifer Mojica Flórez, desconocidos quemaron el pasado martes distintos elementos que los campesinos habían reunido, como hojas de palma, para reconstruir los ranchos que anteriormente les habían destruido.
También el miércoles, narró la alta funcionaria del Gobierno Nacional, hombres sin identificar dispararon contra varios campesinos que estaban trabajando con un tractor en la hacienda.
“En estos últimos días se han presentado una serie de agresiones por parte de la empresa de vigilancia privada que tiene a su servicio la empresa Aportes San Isidro contratada ahí en el predio Las Pavas, en contra de los campesinos que lo ocupan. Recordemos que los ranchos habían sido destruidos a finales del año pasado y este año también por parte de la misma empresa. Eso ya se había denunciado antes y puesto en conocimiento de las autoridades”, advirtió la funcionaria.
La denuncia la hizo el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, después que los campesinos llamaron de emergencia para contar los hechos recientes.
De acuerdo a lo denunciado por varios integrantes de la comunidad, las agresiones se incrementaron desde septiembre de 2012 cuando el Incoder confirmó que dentro de la antigua hacienda había 1.300 hectáreas de baldíos, y que después de agotar todos los procesos administrativos, titularía a los campesinos por ser los reclamantes originarios.
La reclamación de las 123 familias data de los años noventa, después de que el antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incora) se contradijo en sus decisiones y nunca tituló a los campesinos. Luego la comunidad sufrió dos desplazamientos, hasta que el Ministerio de Agricultura, con la aprobación de la Ley de Víctimas, ordenó dar prioridad al caso de Las Pavas.
En 2011, el caso llegó a la Corte Constitucional que ordenó la restitución de los predios.
“Aunque varios organismos de control han acompañado al Incoder en la zona, la entidad hace un llamado a la Policía Nacional, al Alcalde de El Peñón (Bolívar) y a todas las autoridades competentes para prevenir que estas amenazas sigan ocurriendo”, manifestó Mojica Flórez.
Asimismo, el Incoder pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos.
La Subgerente de Tierras de la entidad indicó que el Incoder ya terminó todos los procesos de clarificación de baldíos y de extinción de Las Pavas, pero que la titulación a los campesinos dependerá si el Consejo de Estado acepta o no la acción de revisión, sobre estas decisiones, presentada por Aportes San Isidro.
Mojica Flórez indicó que el Incoder tiene documentadas las denuncias realizadas por la comunidad y que según los registros, las tensiones se han concentrado principalmente sobre Las Pavas, Peñaloza y Si Dios quiere, los predios a los que se les decretó la extinción de dominio.
Vanguardia Liberal se comunicó al teléfono celular del representante legal de la empresa Aportes San Isidro, José Ernesto Macías, para que este respondiera a las denuncias, sin embargo una funcionaria de la organización dijo que este se encontraba en reunión y que en las próximas horas devolvería el llamado.
Al cierre de esta edición aún Macías no había dado respuesta.
El proceso
En 2003 se registró en Las Pavas un desplazamiento de campesinos víctimas de grupos paramilitares.
En 2011, la Corte Constitucional ordenó al Incoder restituir esta hacienda localizada entre los municipios de El Peñón y Corregidor (sur de Bolívar).
En noviembre de 2012, el Incoder terminó los procesos de extinción de dominio de los predios “Pavas”, “Si Dios Quiere” y Peñaloza” que componen la hacienda y determinó la extinción de dominio de las 1.290 hectáreas que los componen.
En julio de 2012 una comisión del instituto denunció vías de hecho tras comprobar que en Las Pavas se estaban realizando plantaciones de palma africana en contravía de la ley, lo cual afectó el proceso de extinción del dominio.
En septiembre de 2012 el instituto ya había identificado otros 10 predios baldíos de la Nación en la hacienda, que contaban con una extensión de 1.338 hectáreas.
En total, el Incoder recuperará 2.661 hectáreas de esta hacienda.
La decisión que tomó el Incoder es de carácter agrario. El predio se recuperó porque no estaba en explotación agraria y tampoco estaba cumpliendo su función económica y social.
En el 2003, se registró en Las Pavas un desplazamiento de campesinos víctimas de grupos paramilitares.
Materia de investigación
Esta redacción preguntó por los hechos denunciados por el Incoder al secretario del Interior de Bolívar, José Hilario Bossio Pérez, quien advirtió que estos son materia de investigación por parte de la fuerza pública. “Estuve hablando con alto mandos de la Policía y aún no tenemos información precisa sobre los hechos denunciados. Nos dijeron que habían quemado en la finca Las Pavas unas palmas de aceite y estamos verificando la situación. Los hechos denunciados son materia de investigación por parte de la fuerza pública”, señaló el funcionario.
Bossio Pérez aseguró que su administración ha hecho un seguimiento permanente a la situación de las Pavas, y que se han creado varios comités de seguimiento. “La fuerza pública tiene presencia en el sector.
Hasta el momento no hemos tenido conocimiento de una muerte en el sector, sabemos que la fuerza pública está en la zona”, afirmó el Secretario del Interior de Bolívar.
