miércoles 19 de junio de 2019 - 12:00 AM

Asociación de mujeres clama por no ser desalojadas

Son nueve propietarias de viviendas ubicadas en un asentamiento del barrio Miraflores. Ellas aseguran que el terreno les sería vendido por la Diócesis de Barrancabermeja.
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Una apremiante situación es la que viven las propietarias de nueve viviendas, que están ubicadas en un asentamiento humano del barrio Miraflores, en la comuna Cinco, porque las autoridades ordenaron su demolición y desalojo.

A las 8:30 de la mañana del 27 de junio, la Inspección de Policía ejecutará el procedimiento, y estas mujeres, sus hijos y familiares quedarán en la calle.

Mayerlys Iturriago Villa, presidenta de la Asociación de Mujeres por una Vivienda Digna, Asomovidigna, es una de las nueve mujeres que tendrán que coger sus corotos, alzar sus criaturas, e irse para otra parte.

Ella señaló que “la presidenta de la JAC del barrio La Candelaria, sector aledaño al de nosotros, es la querellante de las denuncia que nos ha hecho en la Inspección de Policía”.

“Nosotras llegamos a este sitio el 31 de enero de 2018. Llegamos inicialmente como invasión, cogimos terreno, para ver qué pasaba, pero con el pasar de los días nos dimos cuenta que el terreno era de la Diócesis de Barrancabermeja. Nos dirigimos a la iglesia del sector, nos reunimos con el párroco, quien nos contactó con el Obispo de la Diócesis de Barrancabermeja, monseñor Camilo Castrellón, hicimos unos acuerdos, nos envío unos documentos en los cuales nos asesoraba, diciéndonos que conformáramos una asociación, para iniciar el procedimiento de desenglobe del terreno”, explicó la representante de la asociación de mujeres.

Mayerlys indicó que el lote donde se asentaron es propiedad de la Diócesis de Barrancabermeja, entidad eclesiástica que les “pidió que conformáramos la asociación, y además realizáramos un estudio topográfico. Eso se lo hicimos”.

Multas

La inspección de Policía multó a las propietarias de las viviendas.

“La Inspección de Policía de Barrancabermeja determina la imposición de multas y la demolición y desalojo de las viviendas. Los montos de las multas son exorbitantes, para cada una de las nueve propietarias es diferente el valor, una tiene que pagar más de $300 millones, otra $150 millones, la que menos $94 millones.

“Las multas son porque incumplimos con los permisos de construcción, pero estamos en una ciudad donde todo mundo construye sin permisos de construcción. Nosotras somos mujeres vulnerables, no tenemos dinero”, manifestó Mayerlys.

La mujer aseguró que frente a las multas y órdenes de desalojo, las propietarias de las viviendas se encuentran instaurando tutelas en el Juzgado Segundo Penal Municipal.

“Hasta el momento van dos acciones interpuestas, la próxima semana el resto, para que nos den ayuda, para que se frene el desalojo y evalúen bien nuestro caso. Somos mujeres vulnerables, con necesidades, con hijos”, manifestó.

Mayerlys aceptó que “incumplimos, pero la Diócesis nos dio la oportunidad de vendernos el terreno, entonces estamos en el proceso de legalización. También le estamos pidiendo ayuda a la Diócesis de Barrancabermeja, porque no puede ser que en un principio nos haya colaborado, y finiquitando el proceso nos vaya a cerrar las puertas. Estábamos esperando que la Diócesis nos colaborara en hacer el trámite de la compraventa del predio”.

Qué dicen en Candelaria

Jorge Rangel Zapata, fiscal de la Junta de Acción Comunal del barrio La Candelaria, manifestó que “en cuanto a la invasión, desde cuando se metieron al terreno se puso el denuncio en la Oficina de Ornato y Espacio Público”.

“El motivo de la denuncia es que ese terreno estaba destinado para la construcción de un parque y una cancha, porque en La Candelaria no hay espacios para la recreación de los niños. Pero la Diócesis dice que el terreno es de su propiedad, y la Administración Municipal dice que el terreno es del Municipio. Tal discusión había pospuesto el desalojo. El asunto está en mano de Ornato y Espacio Público”, explicó el fiscal de la JAC de La Candelaria.

Rangel Zapata señaló que “nosotros pusimos el denuncio y del desalojo se encargarán las autoridades”.

Secretaría de Planeación

Vanguardia consultó a la Secretaría de Planeación.

La ingeniera Olga Cristancho, del área de legalización, advirtió que al despacho “si llegó el caso que se generó en los terrenos de humedales, por el canal de La Candelaria y Miraflores. Buscaré los requerimientos, y para decir si es del Municipio, o no, tendría que ubicarme en el sitio y evaluar las comunicaciones”.

La funcionaria de la Secretaría de Planeación advirtió que para dar una respuesta más completa tendría que estudiar el caso.

Se pronunció el Obispo
El obispo de la Diócesis de Barrancabermeja, monseñor Camilo Castrellón, manifestó que “un grupo de familias deseaban tener su terrenito propio, para poder construir sus casitas. Nosotros hicimos un estudio del terreno, de topografía, un estudio de escrituras, para poder a esas familiar donar, de manera colectiva, y así quedamos. Estaba ilusionado, porque era darle casa a personas, y esos lotes se podían utilizar para los pobres”. Monseñor aclaró que “solo que cuando comenzó el acercamiento con la Alcaldía, se nos dice que es un lote de alto riesgo, y que por lo tanto, no se puede construir ahí. Algunas personas dijeron que el lote era del Municipio, no, por las escrituras el lote es nuestro, de la Diócesis. El problema de fondo radica en que es un lote de alto riesgo, y si es así nosotros no podemos exponer la vida de las personas, pero la decisión de que no se puede construir fue de la Alcaldía”. Castrellón manifestó que “se estaban haciendo todos los trámites para la donación del terreno, cuando apareció el impedimento, entonces no se avanzó más. Ellos se adelantaron, antes que se terminaran todos los trámites, ellos empezaron a construir”. “Lo que espero es que los desalojen de ahí, y que la Alcaldía los pueda ubicar en otra parte más segura, pero hasta hoy supe del desalojo”, aclaró.
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