miércoles 28 de abril de 2010 - 10:00 AM

Polémica invasión a lote por parte de 130 familias

El primero de abril de 2010, 130 familias del corregimiento Yarima, jurisdicción de San Vicente de Chucurí, invadieron un terreno presuntamente privado, ubicado dentro de su mismo pueblo.

'Invadimos porque los arriendos están cada vez más caros y las viviendas las ocupa el personal que trabaja en las empresas petroleras o palmicultoras', afirmó Julio Pinzón, representante de la comunidad.  

El líder cívico afirmó que los terrenos, donde antes funcionaba una base militar, hace más de 40 años están abandonados y ante su necesidad de vivienda, decidieron tomarlo.

Por su parte, Gonzalo Corredos, corregidor de Yarima, afirmó que, en efecto existen dos personas que reclaman los terrenos, por lo que las familias que están invadiendo deberán ser desalojas, una vez se compruebe la legimitidad de las escrituras.

'Si bien en el corregimiento hay una falta de vivienda, por la gran cantidad de personas que se vinieron a trabajar aquí, se están haciendo negociaciones con las empresas palmicultoras para construir proyectos de vivienda', señaló Corredors.

El funcionario añadió que el terreno de los palmicultores es uno de los pocos que se encuentran aptos para construir. Además, resaltó que hace varios años no se construyen viviendas en el corregimiento Yarima.


Lo que piden

Según Julio Pinzón, representante de las 130 familias, lo que ellos solicitan a la Alcaldía de San Vicente de Chucurí es que legalicen esos predios, pues ellos consideran que deben ser para el servicio de la comunidad.

'Luego de legalizarlos la Administración debería ayudarnos a construir una vivienda digna, pues nosotros somos gente humilde y trabajadora. Hay más de 80 mujeres cabeza de hogar y el resto de las familias tienen entre 5 y 8 integrantes', agregó Pinzón.


El terreno sería privado

Walter Mojica Infante, secretario de gobierno de San Vicente de Chucurí, aseguró que el dueño legítimo de los terrenos ya entabló una querella por perturbación a la propiedad privada, para que se desalojara a los habitantes ilegales.

'El caso está en manos de la Policía, y hay un proceso para determinar que los predios sean realmente de quienes los están reclamando', añadió Mojica.

De ser así, el funcionario aclaró que las 130 familias deberán ser desalojadas y reubicadas, pues él les había notificado el día que se instalaron allí, sobre las consecuencias que podría traer la invasión de los predios.

 

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