martes 19 de enero de 2010 - 10:00 AM

Proselitismo político, prohibido en la infraestructura municipal

Los escenarios públicos del municipio quedaron expresamente prohibidos para emprender acciones de tipo proselitista en materia política.

Así lo anunció el alcalde Carlos Alberto Contreras López, luego del incidente en el que la directora del Inderba, Isolina Tirado Silva, se vio involucrada al patrocinar una actividad recreativa que, finalmente, terminó siendo una campaña electoral. El mandatario advirtió que quien sea encontrado empleado los espacios públicos para hacer campaña podrá ser sancionado por el Gobierno Local, y que lo mismo le pasaría a cualquier funcionario o servidor público que se preste para ello.

En ese orden, llamó la atención de los presidentes de Juntas de Acción Comunal y de la comunidad en general, para que denuncien en caso de presentarse alguna anomalía bien sea en la infraestructura pública o en los salones comunales.

'Para eso existen los espacios privados, los clubes por ejemplo. La infraestructura pública no puede ser utilizada para fines políticos en campaña electoral', expresó el Ejecutivo, quien explicó que la determinación obedece al cumplimiento de la ley de garantías, que comenzaría a regir el próximo viernes.


Invitación a debate

El alcalde Carlos Alberto Contreras López anunció que invitará a todos los candidatos al Congreso de la República, tanto de Cámara de Representantes como de Senado, para que asistan a Barrancabermeja. Los aspirantes llegarían para participar de un foro, en el que se les darán a conocer las apuestas del Plan Municipal de Desarrollo. 'La idea es que las conozcan, las apropien y las impulsen', anotó el Ejecutivo. Se espera que el evento se desarrolle en un mes.


glosario

la ley de garantías electorales:

La ley de garantías electorales es una normativa expedida por la Corte Constitucional, con la que se busca asegurar la transparencia en los comicios en los que participe el actual presidente de la Nación, luego de la aprobación de la reelección presidencial. De acuerdo con la alta corte, la ley tiene como propósito definir el marco legal en el que se debe desarrollar el debate electoral a la Presidencia de la República. Ello, con el fin de garantizar la igualdad de condiciones para todos los candidatos. La ley de garantías también reglamenta la participación de los funcionarios y servidores públicos en política, y garantiza el derecho a la oposición.

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