El presidente del Concejo municipal del Socorro, Mauricio Castillo, dijo que el cabildo abierto solicitado por la ciudadanía para analizar el contrato de alumbrado público a 20 años no se dio porque no se cumplió con las normas que ordena la Constitución Política, entre ellos el formato para la recolección de las firmas.

Publicado por: LUIS FERNANDO MARTÍNEZ V
El presidente del Concejo municipal del Socorro, Mauricio Castillo, dijo que el cabildo abierto solicitado por la ciudadanía para analizar el contrato de alumbrado público a 20 años no se dio porque no se cumplió con las normas que ordena la Constitución Política, entre ellos el formato para la recolección de las firmas.
Al respecto el veedor ciudadano Hipólito Duran Zúñiga, respondió diciendo que era una conducta muy irresponsable del presidente del concejo Mauricio Castillo, en salir a decir a los medios de comunicación que las casi 600 firmas que se recogieron no sirven y que el cabildo abierto no se va a dar.
“Las más de 600 firmas que nosotros recogimos son válidas, mientras no nos digan lo contrario, y es así como hemos elevado la respectiva consulta al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional que son los organismos que nos dirán si en este caso el formulismo de la Registraduría del Estado Civil, es o no válida, estamos hablando de un sencillo formulismo, pero una circular como la que nos envía el Registrador del Estado Civil del Socorro, no está por encima de la ley, y la ley 134 de 1.994 nos da unos parámetros constitucionales en que el pueblo es soberano en sus decisiones”. Continuó diciendo que “eso de salir a los medios a decir que no hay cabildo abierto, no es cierto, no se hizo en esta oportunidad porque son 15 días antes de las sesiones ordinarias porque el presidente dilató el proceso”.
El veedor dijo que esperan que la Corte Constitucional y la Procuraduría de San Gil digan que ese formulismo no se puede llevar a cabo y se recogen las 100 firmas que faltan, pero se realiza el cabildo para decirle al Alcalde por qué no hicieron el respectivo control político al proceso de licitación.













