domingo 22 de marzo de 2020 - 12:00 AM

Lío judicial pone en riesgo prestación de servicio de UCI en Socorro

Una millonaria deuda y el embargo de una cuenta bancaria ponen en vilo a la UCI del Hospital Regional Manuela Beltrán, pues la empresa contratista señala que no tendría presupuesto para comprar utensilios y medicamentos, además de una nómina de $350 millones.
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La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro atraviesa desde hace dos años por una delicada situación a raíz de una deuda de más de $4.850 millones de pesos que tiene la UCI con la ESE de ese municipio. Vanguardia habló tanto con la empresa contratista como con el gerente de la institución. De cerrar sus puertas, se verían directamente afectadas las provincias Guanentina y Comunera.

Contexto

Julián Andrés Álvarez Camacho, abogado externo del Hospital, explicó que existe una demanda en el Juzgado Primero Civil del Circuito del Socorro en contra de Corpomedical SAS, por la cuantiosa suma en mención, que sostiene hace ya varios años.

Señaló además que entre la ESE y Corpomedical SAS existió un contrato en donde la primera dotaría y operaría a la UCI del Hospital y recibiría una ganancia mensual del 11%, frente al 89% restante a favor del operador.

En mayo del 2019, Vanguardia registró un cierre en la Unidad de Cuidados Intensivos, luego de que el gerente del Hospital, Ariel Jiménez Escobar, cancelara el contrato tras percibir “comportamientos irregulares e incumplimientos continuos por parte de la empresa contratista”.

Recientemente Corpomedical SAS interpuso una acción de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, en contra del juzgado de conocimiento, así como del Banco BBVA, con el fin de derribar las medidas cautelares decretadas y practicadas en contra del proceso solicitado, en donde argumentaron que los dineros en sus cuentas eran de carácter inembargables.

El día 20 de marzo el Tribunal denegó el amparo por improcedente. De acuerdo con esto, el Banco BBVA expidió un comunicado anunciando que procedieron al embargo de las sumas depositadas a nombre de Corpomedical SAS, por un valor de $77’314.776 y advirtieron que los depósitos que se reciban con posterioridad quedarán afectados por la medida.

Ante esto el abogado Álvarez Camacho señaló que “dentro de un litigio judicial es una suma insignificante frente al monto que adeuda, como para que pretendan alegar públicamente y/o frente a los medios de comunicación, que por causa de tan irrisoria cifra hasta ahora embargada, no vaya a poder continuar en capacidad financiera de operar la UCI, cuando lo ha hecho durante muchos años sin el menor problema, con e incluso sin el beneplácito del Hospital, como fruto de su reiterado incumplimiento en el pago de la deuda”.

¿Cierre inminente?

Este medio conoció la versión de Germán Andrés Arámbula, gerente de la Unión Temporal Comuneros, quien señaló que la UCI está en vilo por el embargo de Corpomedical SAS, lo que afecta directamente la atención a pacientes y a las 34 camas allí instaladas.

“La deuda que tenemos con el Hospital Regional Manuela Beltrán obedece a la compleja situación con el sistema de salud. Nos deben $26.000 millones: $14.000 millones por parte de las EPS liquidadas y $12.000 millones por parte de los prestadores actuales de salud. Hago un llamado para que se fortalezca el sistema de salud a raíz del COVID-19 que está afectando al mundo, además de los 104 empleados que trabajan en la UCI”.

Arámbula señaló que la Unidad tiene una nómina de $350 millones y un gasto de $250 millones para compra de medicamentos, insumos y demás servicios. “Estamos tratando de dar una solución inmediata a esta situación”.

Millonaria deuda

Por su parte, el gerente Ariel Jiménez Escobar dijo que no pretende poner en riesgo la salud de las personas, ni la atención del Hospital del Socorro.

“Es un proceso que se viene adelantando desde el año 2018, a través de un trámite de cobro por medio de una empresa jurídica. Hace una semana el banco decide cumplir la orden y notifica al Juzgado el embargo de la cuenta y de los dineros en ella. No estoy cometiendo ninguna irregularidad. No es un interés particular, estoy defendiendo una empresa que es de todos, es mi único propósito con todas estas acciones”, explicó.

Añadió que nadie pudo imaginar que el fallo se iba a presentar justo en una época de tanta urgencia como la que se está viviendo con el coronavirus, y que Corpomedical SAS ha aprovechado la situación para decir que el embargo de la cuenta obliga a cerrar la UCI y por ende poner en riesgo a toda la región.

“Jurídicamente yo no puedo renunciar a un derecho y no puedo retirar la demanda. El Juez está obligado a fallar. Ya se le pudo demostrar la existencia de la deuda, es legal, los títulos que se cobran son de servicios prestados y no puedo arriesgar el patrimonio del HMB, ni tener un riesgo financiero, además de perjudicar la población”, puntualizó Jiménez Escobar.

Según el gerente, hay una deuda de $3.411 millones que corresponde al 11% de la participación que Corpomedical SAS debe darle al hospital, de acuerdo con los reportes que entregaban mensualmente. Además, que por servicios que la ESE prestó (consultas médicas, radiografías, laboratorio, cirugías, sangre, etc.) hay otra suma de $1.443 millones, para un total de $4.850 millones con corte de marzo del 2019, sin contar, dijo, lo que se trabajó durante el año pasado.

“No se cierra”

El Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, se refirió al tema y dijo que no dejará cerrar la UCI, además de iniciar una serie de investigaciones al caso.

“Estamos haciendo indagaciones frente a esta situación y sobre los intereses que pueda estar presentando el actual gerente del Hospital del Socorro. Debe haber control y que se garantice que la salud no se puede convertir en un negocio y no pretender los intereses particulares, como se ha entendido la actuación del gerente. Hay una buena prestación y se debe garantizar la atención a las familias santandereanas”.

Advirtió que se tomarán todas las acciones frente al caso y que investigarán los actuares de Ariel Jiménez Escobar.

Claudia Luz Alba Porras, Alcaldesa del Socorro, manifestó a través de redes sociales que están haciendo la gestión para que desembarguen las cuentas de inmediato.

“Necesitamos la UCI lo más pronto posible. Estamos trabajando de la mano del Gobernador para este propósito”, señaló la mandataria a través de su cuenta de Twitter.

Esta coyuntura tiene intranquila a la población que reside en la región sur de Santander y otros sectores, que han recibido atención en la ESE del Socorro, al ser la primera opción para más de 53 municipios.

La pelea financiera pone en juego el servicio de UCI adultos, neonatal y pediátricas, en plena propagación del COVID-19.

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