Los niños de El Chanchón ya tienen un salón de clases

Un salón viejo, con teja de asbesto cemento, que se usa actualmente como una especie de bodega y ubicado a un costado de la antigua casona en donde funciona la escuela El Chanchón, sería la solución para que los alumnos de este centro educativo del sector rural puedan recibir clases a partir del próximo 23 de enero.

Luego de quedar en firme en segunda instancia el fallo que obliga a la alcaldía del Socorro y la Gobernación de Santander a garantizar el derecho a la salud y la educación a los menores que reciben sus clases en este centro educativo, funcionarios de las entidades departamentales y municipales se reunieron ayer con la comunidad educativa para evaluar una solución.

Janeth González, única docente de la pequeña sede rural en donde estudian 17 niños de primaria, dijo que esta fue la mejor opción que se encontró para trasladar a los niños. La otra sería llevar a los pequeños al Socorro y eso resultaría muy complicado para todos.

El próximo lunes funcionarios de la administración municipal llegarán hasta la escuela para revisar el salón en cuestión y evaluar que inversiones necesita, de tal manera que cumpla con las condiciones mínimas requeridas para su funcionamiento.

En este salón provisional, los estudiantes deberían estar hasta que la Alcaldía del Socorro y la Secretaría de Educación de Santander adelanten el proyecto de recuperación de la antigua casona en donde venía funcionando la escuela y que se estaba cayendo desde hace muchos años, representando un peligro para los estudiantes y la docente.

El proceso legal

El 16 de noviembre de 2022, en respuesta a una tutela, el Juez Tercero Promiscuo Municipal de San Gil ordenó a la Alcaldía del Socorro y la Gobernación de Santander proteger a los menores. Para eso habían dos pasos. El primero era buscar un sitio de reubicación y el segundo adelantar todas las gestiones necesarias para adelantar un proyecto de inversión en El Chanchón.

Días después, la decisión del juez fue impuganada y el fallo de la segunda instancia se dio el pasado 6 de enero. En el documento emitido por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Socorro se desvirtúan los alegatos de los entes oficiales y se confirma su responsabilidad en la protección de los derechos de los menores.

En este sentido, Diego Gómez Páez, abogado que apoyó a la comunidad en el proceso, explicó que ahora las partes tienen un tiempo prudencial para cumplir la sentencia, entendiendo que la reubicación es inmediata.

Según el defensor, el trabajo en la intervención de la sede de la escuela rural debería hacerse en un tiempo prudencial, que normalmente es de seis meses. Es decir, que si en julio de este año no se ha logrado la recuperación podría presentarse una demanda de desacato.

Ahora, dentro del proceso legal, llamó la atención de los denunciantes que desde la Secretaría de Educación de Santander se argumentara que en varias ocasiones se le había solicitado a la alcaldía socorrana un proyecto para dicha escuela, sin recibir una respuesta.

El argumento de la Alcaldía era que estaba haciendo un plan maestro de infraestructura, para lo que efectivamente se realizó una consultoría que terminó en noviembre pasado.

Gómez también resaltó que el ser un municipio no certificado no es un argumento válido para que la alcaldía evitara atender la situación de la escuela y así lo establece la ley 715 de 2001.

Teniendo en cuenta que el mismo profesional adscrito a la oficina de Planeación municipal y la Unidad de Gestión de Riesgos del municipio certificó en una visita que no era seguro el uso del plantel educativo por su deterioro, el abogado expresó que hasta de recursos de Gestión de Riesgo se podría destinar un rubro para la atención de la sede.

Elvecio Gómez, presidente de la junta de acción de la vereda El Chanchón y uno de los tutelantes, dijo que esta fue la una opción que encontraron para que las autoridades les tuviesen en cuenta, porque durante años les han respondido que no hay plata, lanzándose la responsabilidad de unos a otros.

Hay que recordar que hasta el expresidente Iván Duque tuvo que ver en el proceso, con cartas enviadas a los menores, prometiendo una inversión que nunca llegó.