martes 28 de julio de 2020 - 12:00 AM

Procuraduría suspendió a Porras por cinco meses

El ente de control determinó la falta de Porras Rodríguez como gravísima a título de culpa grave, que es la calificación más alta que puede recibir en el marco de la ley 734 de 2002.
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La firma del convenio con la Gobernación de Santander para la intervención del teatro Manuela Beltrán del Socorro pudo haber sido el último acto público de Claudia Porras Rodríguez como alcaldesa del Socorro, por lo menos en 2020.

Ayer, la Procuraduría General de la Nación anunció que sancionaba a la mandataria con una suspensión inmediata de su cargo de cinco meses, por las irregularidades cometidas en un proceso contractual durante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por el COVID-19.

La Procuraduría Regional de Santander comprobó que la mandataria local suscribió el Convenio de Asociación No. 20030103, con la corporación Rayos de Esperanza, para la atención de 120 adultos mayores, a pesar del aislamiento obligatorio que los cobijaba, y sin que la institución tuviera la idoneidad y experiencia exigida para la ejecución del contrato, dada su reciente creación.

El ente de control determinó la falta de Porras Rodríguez como gravísima a título de culpa grave, que es la calificación más alta que puede recibir en el marco de la ley 734 de 2002.

Laura Torres Parada, decana de la facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de Unisangil, explicó que la culpa grave se aplica cuando una persona presuntamente incurre en una falta disciplinaria por “inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones”.

Según la explicación dada por la experta, en este caso, los conocimientos de Porras y el puesto que ocupa, pueden haber sido un factor determinante para la determinación de las autoridades.

El ente de control determinó que la alcaldesa pretendió justificar la falta de idoneidad y experiencia de la corporación, con las hojas de vida de las personas que fueron vinculadas al proyecto, pese a que en estas no se encontraron ni trabajos, ni actividades, ni los estudios en gerontología u otro conocimiento especial para el cuidado y apoyo de adultos mayores.

El convenio de la Alcaldía del Socorro con la Corporación Rayos de Esperanza se firmó el pasado 27 de marzo por un valor de $125 millones. Uno de los argumentos de la Procuraduría es que en el momento de la firma dicha corporación llevaba 30 días de haber sido creada.

Para el ente de control la alcaldesa debía asegurar el aislamiento de las personas de la tercera edad y respetar las directrices dadas por ella misma en los decretos para la contención del coronavirus, las cuales derivaban en la no contratación de actividades que pudieran poner en riesgo la vida de los adultos mayores o permitieran la vinculación de entidades que no cumplían con los requisitos .

Con la conducta, “la alcaldesa quebrantó los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal”, dicta el comunicado.

La defensa de Porras apeló la decisión y esta deberá ser resuelta por la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal.

Además, el futuro judicial de la hoy suspendida funcionaria sigue estando en el tintero, porque aún hay que saber en que termina el proceso penal que adelanta la Fiscalía y como explicó Torres, a ella la está juzgando la Procuraduría por una falta disciplinaria y este es independiente del que adelanta la Fiscalía.

Quién es el alcalde

En la tarde de ayer cuando se conoció la decisión de la Procuraduría, Álvaro Ernesto Villalba Sánchez, secretario de Gobierno y alcalde encargado desde el pasado 23 de julio, estaba reunido con representantes cafeteros cuando recibió la noticia.

Por ahora y mientras el Gobernador de Santander designa un nuevo mandatario que debe ser de la línea política de Porras y hasta un miembro de su gabinete, este abogado socorrano que llegó hace menos de un mes al despacho de Gobierno, será el alcalde de la capital comunera.

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