Nueva prórroga al contrato de la Variante de San Gil, ¿en qué va esta crucial megaobra?

De los recursos existentes de ejecución de obras, se hicieron nuevos traslados para la compra de terrenos.

Foto: suministrada / VANGUARDIA

Mientras crece la expectativa por una solución final al desarrollo del proyecto de la Variante de San Gil, en las últimas horas se conoció que el Instituto Nacional de Vías, Invías, entregó un nuevo plazo a la empresa constructora Concay SA, ejecutora de las obras.

El contrato, que oficialmente terminó el pasado 31 de diciembre, fue extendido hasta el próximo 29 de febrero, confirmó a Vanguardia Marcel Guadrón Forero, profesional de la Veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Se espera una primera reunión de 2024, al igual que el reinicio a las visitas de obra, la información confirmada podría ser parte de una serie de aplazamientos que se den durante el año buscando que el contratista termine de ejecutar los recursos existentes, que rondan por los $70.000 millones.

El problema de finalizar el contrato con recursos sobrantes es que dichos dineros se perderían porque el Gobierno Nacional podría regresarlos a un fondo y usarlos en otro proyecto, una afirmación respaldada por Guadrón y los alcaldes salientes, quienes insistieron hasta al final al ente nacional de no terminar el contrato pese a demoras en la ejecución por parte del contratista.

Esta es la segunda ocasión que se hace una extensión al proyecto de la Variante de San Gil, que, en 2023, para este mismo periodo, sufría una extensión de 12 meses, para un total de 63 meses de obra. Ahora completará 65 meses y con la incertidumbre de aumentar, dependiendo del nivel de avance de los trabajos, que en los últimos meses de 2023 pasó de menos de $3.000 millones a cerca de $5.000 millones.

Más giros de recursos

Otra confirmación hecha desde la veeduría es que de los recursos existentes de ejecución de obras se hicieron nuevos traslados para la compra de terrenos, de tal manera que se pueda seguir avanzando en los 4,5 kilómetros que se intervienen de los 9,6 kilómetros proyectados.

En total, con los $8.000 millones que se trasladaron recientemente, serían $12.000 millones los fondos que se han quitado a la obra para llevarlos a la adquisición predial.

Uno de los problemas que enfrenta el proyecto es la desfinanciación para compra de terrenos.

Según el último balance del proyecto presentado por la veeduría al finalizar el 2023, de los 219 terrenos que se debían comprar para ejecutar la obra, se adquirieron 51 de ellos con una destinación inicial de $40.000 millones.

Con los nuevos recursos se espera que la firma contratista pueda terminar el tramo en ejecución, dejándolo conectado con la vía nacional en jurisdicción de Pinchote.

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