Cada año estas unidades de negocios tienen la obligación de renovar la Norma Técnica Sectorial, NTS, para deportes de aventura. La renovación se hace por actividad y cada uno de estos certificados tiene un costo de 2.1 millones aproximadamente.
El turismo de aventura es el principal referente de San Gil y lo que en los últimos años le permitió consolidarse como la capital turística del departamento. En este segmento hay 23 empresas operadoras que hoy hacen cuentas para poder cumplir con los requisitos legales para operar.
Cada año estas unidades de negocios tienen la obligación de renovar la Norma Técnica Sectorial, NTS, para deportes de aventura. La renovación se hace por actividad y cada uno de estos certificados tiene un costo de $2.1 millones aproximadamente.
Una empresa que ofrezca directamente el servicio de rafting, rappel y espeleología – que son los más comunes - tiene que cancelar una suma cercana a los $6,2 millones. “Hoy todos los propietarios estamos iguales, no tenemos dinero para cancelar estos requisitos ni las empresas más reconocidas ni las más pequeñas”, aseguró Freddy Merchán Medina, propietario de la empresa Aventura Total, una de las más antiguas en este mercado.
La situación económica es muy difícil y así lo entiende Lida Forero Bernal, directora del Instituto de Cultura y Turismo de San Gil, que ha estado en contacto con los empresarios durante la pandemia.
Una ayuda y una preocupación
Ante la difícil realidad que están atravesando estas empresas, Hermes Ortiz Rodríguez, alcalde de San Gil, indicó que se presentó un proyecto ante Fontur buscando la creación de un fondo que ayude a los propietarios a cubrir los costos de la NTS.
Con el apoyo de la Cámara de Comercio, el objetivo es conseguir $70 millones, de los que el 80% serían aportados por Fontur y el 20% entre la entidad cameral y la alcaldía local.
Merchán indicó que este aporte de concretarse dará un gran alivio a las finanzas de las unidades de negocio y a la dinámica del sector.
Sin embargo, explicó que esta clase de cobros por parte del Estado se están convirtiendo en un negocio que acaban por deteriorar la estabilidad de las operadoras de turismo.
Actualmente, por iniciativa del Viceministerio de Turismo, se estaría tramitando una norma de ISO que aplicaría a estos negocios y que según Merchán solo aportaría más gastos, papelería pero al final ningún beneficio para la competitividad y la prestación del servicio.
“Dicen que sería para los que quisieran certificarse, pero todos sabemos que es mentira”, aseguró el sangileño que lleva 17 años con la empresa.
Hay protocolos y pocas claridades
En julio pasado, por iniciativa de las empresas de aventura, San Gil presentó ante el Gobierno Nacional un plan piloto para la reactivación de este segmento de la economía, iniciando por el canotaje.
Las empresas están en este momento construyendo sus protocolos, presentándolos y adaptándolos. Lo importante es estar listos, dijo Forero, indicando que aún desde el Estado no hay una directriz para el funcionamiento de estos negocios.
Entre las cosas que están por definir es bajo que condiciones se va a permitir la apertura y el uso de los diferentes sitios naturales como por ejemplo la Cascada de Juan Curí, el río Fonce y las cuevas.
Esta falta de claridad hace que otros lugares importantes que también son de uso común por turistas y residentes, como por ejemplo el Balneario Pozo Azul, sigan cerrados hasta nueva orden.
