Denuncian que alcalde de Curití quiere quedarse con un acueducto veredal

En un municipio altamente polarizado como Curití, una vez más la comunidad salió a defender su derecho al agua y especialmente uno de sus acueductos comunitarios.

Más de 80 personas viajaron de la zona rural hacia el casco urbano para exigirle al alcalde, Miguel Ángel Triana, que los respete y no les “robe” el acueducto veredal La Peña - Aguasembrada, creado en 2009 y con el que le surten el servicio de agua a 250 familias de las dos veredas.

Los promotores de la manifestación indican que hay otra protesta programada para este viernes, en la que esperan que haya el doble o el triple de personas.

La movilización ciudadana está motivada por el decreto 102 del 9 de diciembre de 2002, en donde Triana ordenó reintegrar al municipio toda la infraestructura del acueducto veredal, sin ningún tipo de indemnización ni compensación alguna.

El decreto quedaría ratificado el 23 de diciembre y daría un espacio de cinco días para el cumplimiento de dicha medida.

La razón de la expropiación de los bienes sería la finalización del contrato firmado entre el acueducto y la administración municipal el 9 de diciembre de 2020 y que fue terminado de forma anticipada por las autoridades en noviembre pasado.

En dicho documento se establece que al finalizar el mismo, se deberá regresar al Municipio toda la infraestructura del servicio, lo adquirido durante la vigencia del contrato y todo lo que las autoridades les suministraron en ese periodo. Es decir, todo.

Los afectados manifestaron sentirse engañados. El primer señalado es Reinaldo López, que en calidad de presidente del acueducto habría firmado el contrato sin autorización de la junta administrativa del acueducto veredal, expresó Mary Aguilar Naranjo, actual presidenta de la misma y tía del actual gobernador de Santander, Mauricio Aguilar.

Los afectados le reclaman a Triana que el Municipio se vaya a quedar con todo lo que han trabajado y construido por ellos durante los últimos años, cuando, según ellos, lo aportado por la Alcaldía fue muy poco.

Julián Sánchez, en representación de colectivos como Casa Agua Ya, expresó que con medidas como estas se le está quitando el derecho a las comunidades de decidir sobre sus recursos, una actividad protegida por la Constitución.

El mandatario indicó que los documentos que reposan en la administración demuestran que el acueducto es de propiedad de la administración municipal y lo que se hace es entregar el acueducto a una organización cada dos años para que lo administre.

“Ahora lo que queremos es hacer la repotenciación del mismo”, expresó Triana, asegurando que la idea es llevar el agua a más familias.

No es la primera vez

En julio de 2021, con herramienta en mano, el mismo alcalde rompió el candado de la puerta principal de la sede del acueducto comunitario Corpacur, que hasta ese momento se encargaba de la prestación del servicio en el casco urbano.

Apropiado de la infraestructura que reclamó para el municipio, el mandatario entregó la operación del servicio de acueducto a la Curiteña de Servicios, empresa que él mismo creó con la autorización dada por el Concejo de Curití en 2020, también en medio de protestas.

Ahora, la infraestructura del acueducto La Peña - Aguasembrada pasaría a manos de la Cutiteña de Servicios.

En septiembre de 2021 a través de esta empresa, con recursos públicos, se firmó con contrato por $512,9 millones para mejorar y optimizar el servicio de agua en el municipio. Entre las obras se incluyeron la construcción de tanques de agua en las urbanizaciones Líbano y Vivero, en donde más de 700 personas no podían hacer construcciones porque no contaban con la infraestructura interna requerida para el servicio, que les debería haber dejado el promotor del proyecto.

Dichas urbanizaciones fueron conformadas desde 2011 a través de la Asociación de Vivienda por un Mejor Mañana cuyo representante legal era el actual alcalde y en donde ahora figura Jenny Marcela Triana Ballesteros, una de las hijas del mandatario.