El fallo de primera instancia de una acción popular fija plazos perentorios a las entidades para que adelanten las acciones necesarias para la construcción de la planta, que reduzca la contaminación de las fuentes hídricas.
Luego de comprobar la afectación ambiental que se viene dando en las fuentes hídricas del municipio por las guas negras que llegan sin tratar, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil ordenó a la alcaldía de Vélez, la Empresa de Servicios Públicos de Santander (ESANT), la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Vélez (Emprevel), y la Corporación Autónoma de Santander (CAS), iniciar un plan de acción para solucionar la situación.
En el fallo de primera instancia de la acción popular para la protección de derechos e intereses colectivos, el juez dio un plazo de dos meses a las entidades para que elaboren y presenten ante los organismos nacionales proyectos o propuestas destinados a la consecución de recursos para la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR.
Las autoridades judiciales además otorgan un plazo de seis meses al municipio para definir el lugar donde se podría construir dicha infraestructura y le autoriza a disponer de un predio oficial en este propósito.
La planta, según la sentencia, deberá estar terminada y en funcionamiento dos años después de la emisión del fallo entregado el pasado 16 de junio.
La garantía del cumplimiento del fallo y las obras estará a cargo también de un comité de vigilancia conformado por un representante de la alcaldía, la defensoría del pueblo, la personería y un miembro de la comunidad, en este caso el firmante de la acción popular.
En el documento, el juzgado afirmó también que la demanda no fue respondida por la alcaldía de Vélez, mientras que la CAS y la ESANT argumentaron que la responsabilidad era del municipio y su empresa de servicios públicos.
Es preciso recordar que en la provincia Guanentá una acción popular a la que fueron vinculadas la CAS y otros 10 municipios, entre ellos San Gil, obligó a las autoridades a iniciar la descontaminación del río Fonce a través de una PTAR, hecho que hasta ahora no se ha cumplido, pero del que se van adelantado algunas acciones.
Impacto ambiental
De acuerdo con la explicación de la sentencia y la visita de campo realizada, con el apoyo de los informes entregados por la CAS, se constató que los vertimientos de aguas negras y residuales del área urbana de Vélez se hacen a las aguas de las quebradas El Palenque y Las Flores, que además desembocan en el río Suárez.
Las 8 tuberías que cargan las aguas contaminadas están generando alteración en las condiciones físicas del agua y además una socavación de los terrenos donde se hacen las descargas.
Por este motivo, el fallo obliga a las cuatro entidades vinculadas a iniciar acciones para la recuperación de los ecosistemas afectados por el descargue de las aguas contaminadas.
