miércoles 18 de enero de 2023 - 12:00 AM

Otras 87 víctimas de Asovibrisas buscan reparación

El fallo, que le ordena a la Alcaldía de San Gil pagar una indemnización de $562 millones 718 mil, no cobija a todos los afectados.

Víctimas de Asovibrisas apelarán la decisión del juez que ordena al municipio de San Gil indemnizar a las personas que invirtieron en el proyecto de vivienda fallido. La razón de la apelación será para buscar la ampliación de la reparación y lograr que más personas puedan recuperar su inversión.

Esa fue una de las conclusiones que dejó la asamblea de víctimas del proyecto que se desarrolló, en donde además, con el acompañamiento de los abogados que llevan los diferentes procesos, se dio claridad sobre el estado de las demandas y las cosas que quedan pendientes.

El pasado 13 de diciembre el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San Gil, ordenó que la alcaldía de San Gil pagara una indemnización de $562 millones 718 mil a un grupo de los afectados, otorgando como plazo 10 días desde la ejecutoria de la sentencia que fue emitida el pasado 13 de diciembre.

El monto será dividido entre las 157 personas que lograron demostrar los aportes hechos a la asociación de vivienda y cada uno recibirá una cifra igual a la invertida en el proyecto, que oscila entre $2 millones y $3 millones por persona.

El problema, explicó Pedro José Rangel, es que en esa primera instancia el juzgado dejó por fuera a 87 de las personas que hicieron parte de la demanda colectiva, en donde estaban vinculadas 244 víctimas y que allegaron todos los documentos correspondientes para certificar los pagos que hicieron a Asovibrisas.

Los estafados reclaman al juzgado que todos tienen derecho a ser reparados, especialmente los que ingresaron al proyecto desde el 1 de enero de 2012, cuando Álvaro Josué Agón Martínez inició su periodo como alcalde de San Gil.

Rangel expresó que en las condiciones actuales tendrían la posibilidad de ser reparados solo los que ingresaron desde octubre de 2012 hasta 2015 porque en ese periodo es que la administración municipal habría publicado los actos administrativos que facilitaron la estafa. Según esto, la indemnización solo sería para 44 personas.

Álvaro Sánchez, abogado de las víctimas en el proceso administrativo, indicó que en la apelación ante el Tribunal Administrativo de Santander se hará para que en segunda instancia se incluyan aspectos que no se incluyeron en la primera instancia y además se corrijan puntos que se abordaron de forma incorrecta.

Es preciso recordar que el fallido proyecto hizo parte de la campaña electoral de Agón Martínez y luego durante su administración continuaría, con el apoyo de su hermano y exalcalde Javier Agón Martínez. Al final, el resultado fue un proyecto inviable en donde ni el terreno era apto para la construcción, en donde cada uno de los afectados invirtió entre $2 millones y $3,5 millones, para un detrimento patrimonial cercano a los $2.500 millones.

La próxima semana vence el plazo de la apelación y los afectados trabajan con sus representantes jurídicos para consolidar los documentos y listados correspondientes.

La segunda conclusión que dejó la asamblea fue la decisión de los estafados por crear la asociación para mejorar la representatividad ante los programas de los entes nacionales.

Rangel recordó que inicialmente el proyectpo dejó 597 víctimas pero no todos han participado de los procesos de demanda porque no creían que funcionará o porque pensaban que los responsables les iba a regresar los recursos.

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