martes 17 de febrero de 2009 - 10:00 AM

Polémica por tarifas del impuesto predial en Curití

Curití es un municipio con 11.343 habitantes, de acuerdo con el censo del Dane de 2005.

En ese mismo año, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, hizo el avalúo de los predios rurales y urbanos, en el marco de un convenio suscrito con la administración del alcalde de ese período, Rafael Ruiz Vargas.

Basado en el estudio del Igac y se elaboró en su gobierno el proyecto de acuerdo No. 037 de 2006, en el que solicitaba al Concejo aprobar las tarifas del impuesto predial  en las zonas rural y urbana.

De acuerdo con el concejal, Jaime Rodríguez, presidente del Concejo de ese entonces,  el avalúo catastral del Igac sobredimensionó los costos de los predios estableció una estratificación inadecuada para el casco urbano, con estratos muy altos.

El proyecto presentado por el alcalde Ruiz fue debatido en el Concejo y éste aprobó el proyecto de acuerdo 026 de 2006 con notables rebajas a las tarifas.
Un día después de la aprobación del proyecto de acuerdo 026, el alcalde Ruiz hizo objeciones advirtiendo que aplicación de las tarifas aprobadas se afectarían las finanzas locales.

El Concejo reunido estudió las objeciones  del alcalde a las tarifas rurales y en el debate, el principal argumento para no aprobarlas fue el de no perjudicar a la comunidad rural con el cobro de impuestos tan altos.

Es así que el Concejo de forma parcial modificó las tarifas de la zona rural y, cinco días hábiles después, es decir el cinco de enero de 2007, la presidencia del Concejo le envió al alcalde el documento.

Cuatro días hábiles después, es decir el 11 de enero de 2007, el alcalde Rafael Ruiz firmó una hoja tamaño oficio en la que certifica la promulgación del Acuerdo 026 de 20 de diciembre de 2006 y la cual anexa al primer proyecto de acuerdo 026 aprobado por el Concejo Municipal y que él mismo objetó.

Y es en ese momento cuando el Acuerdo 026 no puede ser aplicado porque según Alexander Castañeda, Presidente del actual Concejo, el Acuerdo 026 promulgado por el alcalde el 11 de diciembre de 2006, tiene vicios de procedimiento.

Según Castañeda, en el momento en el que el alcalde Ruiz hizo las objeciones al proyecto de acuerdo 026, debió haberlas consignado en un nuevo texto de proyecto de acuerdo con un número distinto al 026.

Es decir, que el alcalde no podía haber promulgado un Acuerdo que luego de haber sido objetado por él mismo y modificado por el Concejo, seguía conservando las mismas características.

Por tal razón, el Acuerdo 026 de 2006 fue demandado ante el Tribunal Administrativo de Santander y mientras el ente da a conocer su fallo, el actual alcalde Gabriel Colmenares seguirá aplicando el Código de Rentas Municipal.

'A la fecha, entre el 40% y el 50% de los propietarios han pagado el impuesto predial', afirmó Alexander Castañeda, presidente del Concejo.

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