viernes 07 de agosto de 2020 - 12:00 AM

Procuraduría sancionó a concejal y dos exconcejales de San Gil

El fallo de la Procuraduría General de la Nación fue en primera instancia y puede ser apelado.
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La Procuraduría General de la Nación, PGN, sancionó en primera instancia con cinco meses de suspensión al concejal de San Gil Ciro Alfonso Moreno Silva, por extralimitarse en sus funciones en la elección del personero del municipio en el periodo (2016-2019).

En su momento Moreno era el primer vicepresidente de la corporación. El concejal está estudiando el caso con su abogada para presentar la apelación correspondiente y podrá seguir en el cargo hasta que finalice el proceso. En el comunicado emitido por el ente de control también aparece sancionado por el mismo cargo y el mismo tiempo, el exconcejal y entonces segundo vicepresidente del cabildo, Carlos Eduardo Burgos Prada. Así mismo Juan Carlos Sánchez Rodríguez, hoy exconcejal y en su momento presidente del Concejo de San Gil, le fue impuesta una sanción de 10 meses.

La diferencia entre los tiempos de suspensión para Sánchez radica en que según la PGN la falta fue grave a título de dolo, mientras que la de Burgos y Moreno fue considerada una falta grave a título de culpa gravísima.

La Procuraduría Provincial de San Gil demostró que, sin tener competencia para ello, los exmiembros de la mesa directiva declararon nula la Resolución 038 de 2015 mediante la cual fueron convocadas las pruebas de conocimientos del proceso de selección para proveer el cargo de personero municipal, con la expedición de la Resolución No. 001 de 2016.

Para el ente de control disciplinario, con esta actuación los funcionarios habrían desconocido el derecho al debido proceso de los 25 aspirantes inscritos en el concurso, quienes ya habían superado las pruebas de conocimientos y de competencias laborales.

El Ministerio Público evidenció que los disciplinados no revocaron la decisión ni interpusieron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el juez administrativo del municipio, quien era la autoridad competente, sino que procedieron de forma directa a reglamentar la invalidación de las pruebas, sin haber garantizado los derechos de los participantes, a quienes les cambiaron las reglas en el nuevo proceso.

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