Recursos públicos para llevar agua a proyectos de vivienda ligados al alcalde de Curití
El manto de duda sobre el actuar de la alcaldía de Curití con la problemática del agua continúa. La última acción que generó desconfianza entre algunos de sus ciudadanos fue la firma de contrato por $512,9 millones con la Curiteña de Servicios, para optimizar y mejorar la prestación del servicio de agua.
Uno de los objetivos de este proyecto firmado el pasado 20 de septiembre y con fecha de inicio el 21 de septiembre, sería llevar el servicio de agua a los proyectos urbanísticos en la parte alta del municipio, entre ellos las urbanizaciones conocidas como Líbano y Vivero, en donde se vendieron más de 700 lotes y cuyos propietarios no han podido edificar por la falta de servicios públicos. Los pocos que se atrevieron permanecen sin agua y con servicio de luz casi que artesanal, como el caso de Raúl Camacho Ortiz, que a pesar de quejas, tutelas y demandas de desacato no ha obtenido ninguna respuesta y, por el contrario, denuncia discriminación por parte de la administración municipal.
Dichas urbanizaciones fueron promovidas desde 2011 a través de la Asociación de Vivienda Por un Mejor Mañana cuyo representante legal era Ángel Triana Sánchez, hoy alcalde de Curití y que ahora está a nombre de Jenny Marcela Triana Ballesteros, según el registro del RUE.
El mismo alcalde le aseguró a este medio el pasado 4 de agosto que se iba a ejecutar un proyecto de mejoramiento de acueducto que incluía la instalación de dos tanques de almacenamiento de agua en la parte alta y con “los cuales vamos a garantizar el servicio a los urbanizadores”, asegurando que son 3.000 lotes sin servicio, entre ellos 700 de los vendidos por él.
Arnulfo Ferreira, gerente de la Curiteña de Servicios, explicó justamente que el proyecto incluye la instalación de tres tanques, uno en la planta de tratamiento, otro en la parte baja del la urbanización El Vivero que será un tanque subterráneo por goteo que llevará el agua con motobomba hasta otro tanque que se ubicará en la urbanización vecina que es la de El Libano. Ambos dentro de las mismas.
El directivo señaló que así le darían una solución a estas familias que llevan esperando desde hace casi una década que alguien les solucione el problema del agua y además se llevaría el servicio a otros residentes de los sectores San Jorge y San Gabriel.
El problema en este punto es que según lo señalan los mismos usuarios, hay que evaluar si los recursos públicos deberían usarse para solucionar situaciones que el mandatario no habría logrado hacer como constructor.
Carlos Toledo, un abogado y afectado, considera que no hubo cumplimiento de los deberes del urbanizador, en este caso la Asociación de Vivienda por un Mejor Mañana, que desde 2013 cuando se hizo la firma de las escrituras, solo habría entregado el lote, quedando faltando las vías internas y las redes internas de acueducto, alcantarillado y energía, como lo exigía la licencia de construcción otorgada por la alcaldía a Triana Sánchez el 20 de junio de 2013.
Por el incumplimiento, Toledo ha iniciado procesos ante los entes de control desde 2019 esperando una solución. Con otros 100 usuarios evalúan otras acciones conjuntas, aunque algunas personas ya entablaron procesos penales de forma individual.
Desde diferentes posiciones sociales curiteñas se exige la actuación de entidades como la Contraloría y Procuraduría.
Corpacur y la gente en la mitad
En toda esta pelea por el agua, está la antigua prestadora del servicio de agua de Curití, Corpacur, a quien Triana ha señalado de negar el servicio de agua a sus urbanizaciones por diferencias políticas.
A esta empresa el pasado 20 de julio, el alcalde acompañado de entidades como inspección de Policía, Policía Nacional y Procuraduría Provincial, llegó y rompió el candado para asumir el control de la empresa de agua.
Un mes después, en agosto, la Curiteña de Servicios, empresa creada por su administración gracias a una votación cerrada en el Concejo municipal el 19 de febrero de este año, asumió el control de la prestación del servicio de agua.
Toledo confesó que en las múltiples peticiones hechas, desde Corpacur se le aseguró que ellos tenían toda la disponibilidad en suministrar el servicio de agua, pero el problema estaba en que no había instalaciones internas que permitieran llevar el agua, es decir los tanques y la motobomba.
Mientras tanto, desde la otra esquina siempre se ha defendido que la certificados de disponibilidad de agua fueron otorgados por Corpacur en 2010 y luego en 2014 la empresa empezó a hacer exigencias que iban en contra de la ley.