La cifra de ejemplares de especies rescatadas en los primeros días de 2021 representa el 22,8% si se compara con los 70 liberados por el grupo de Protección Ambiental de la Policía Nacional en San Gil durante todo 2020.
La recuperación de animales silvestres de las jaulas y los patios de las viviendas sigue como uno de los principales objetivos de las autoridades en San Gil, que este año inició con la recuperación de 16 ejemplares de distintas especies.
El grupo de protección ambiental de la Policía Nacional en San Gil informó en un comunicado que en las primeras semanas de 2021 el apoyo de la comunidad fue fundamental para rescatar “cinco aves, seis reptiles y cinco mamíferos de diferentes especies, todos importantes para la preservación de los ecosistemas teniendo en cuenta los roles que en él desempeñan, estos animales fueron llevados a la Corporación Autónoma Regional Santander, CAS, donde son valorados por el equipo de veterinarios especializados en fauna silvestre para saber el estado de ellos y ser reubicados en su hábitat natural”.
Búhos, tortugas iguanas y serpientes y zarigüeyas están entre el grupo de animales. La cifra representa el 22,8% si se compara con los 70 animales silvestres liberados por esta unidad en 2020.
Yesid Bareño, intendente de la Policía, miembro del grupo de protección ambiental, explicó que en los trabajos de sensibilización con la comunidad vienen presentando resultados positivos, porque cada vez son más personas las que llaman a entregar información sobre animales que están en cautiverio, algunos de ellos en mal estado.
“En muchas ocasiones las mismas familias nos llaman y nos hacen entrega de la especies. Eso nos demuestra que hay una mayor conciencia de preservación”, dijo.
Precisamente, la buena disposición de las personas para entregar los animales y en general el buen estado de salud de los mismos ha evitado que hasta ahora se arresten personas por este delito.
Al respecto, Bareño explicó que la tenencia, comercio, venta de especies de la fauna silvestre está tipificado como el delito de ‘Aprovechamiento Ilícito se los Recursos Naturales Renovables’ con una pena de hasta 108 meses de prisión y una multa de hasta 35.000 salarios mínimos mensuales vigentes, equivalentes a más de $31.700 millones.
