Mientras los reclusos enfrentan en las cárceles el hacinamiento y muchas veces el lento proceder de la justicia, sus familias viven expuestas al abandono y la falta de oportunidades laborales. En Bucaramanga, mientras el gobierno local trabaja en la creación de programas especiales para esta población, una fundación liderada por esposas de internos y expresidiarios busca cambiar esta realidad.

Publicado por: XIOMARA MONTAÑEZ MONSALVE
¿Qué ocurre al interior de una familia cuando el que lleva las riendas del hogar es condenado y enviado a prisión? ¿Qué pasa cuando una madre cabeza de familia es condenada y sus hijos no cuentan con el apoyo de un padre?
Luz Mireya y María Teodora dan respuesta a los anteriores interrogantes: “No solo el condenado paga una pena en prisión. Su familia también lo hace. Esta una realidad que pocos conocen”.
Pero ambas aseguran que siempre hay una “luz al final del camino”, una vía para apartarse del sufrimiento, la angustia y el abandono, y lograr recuperarse.
Luz Mireya, por ejemplo, narra que se cansó de llorar y que de su tristeza nació la idea de abrir una empresa de dulces y una fundación. A su iniciativa se unió María Teodora, que si bien logró pagar su pena de dos años y medio viviendo en una humilde casa junto a sus hijos y vendiendo minutos de celular, ha tenido que reconstruir su vida, con más obstáculos que aciertos.
Paso a paso, un nuevo sueño
Luz Mireya Sandoval Carrillo, hoy directora de la Fundación para el Desarrollo Integral de la Comunidad Carcelaria del País ONG, Fundicap, recuerda el día que su esposo fue capturado por transportar cinco toneladas de cocaína en el camión de la familia, cuando viajaba con rumbo a Cúcuta.
Un juez le impuso una pena de ocho años de prisión, el pago de $800 millones de pesos y la extinción de dominio. Por esto, Luz Mireya y sus cuatro hijos quedaron en la calle. “Luego de ser ama de casa, terminé convertida en una mendiga, pesando 35 kilos. Mis hijos tenían desnutrición y no teníamos nada qué comer”, cuenta.
La prisión de su esposo no fue lo único que tuvo que enfrentar. Esta mujer de 33 años fue estigmatizada por familiares y amigos, quienes muchas veces la culparon de lo ocurrido y le dieron la espalda.
Mientras soportaba las largas filas para entrar a la Cárcel Modelo a visitar a su esposo vio que no era la única que lloraba por su situación. “Entendí que las mujeres sentimos mucho y no pensamos en transformar y construir. De ahí me surgió la idea de crear una fundación dedicada a la familia de los presos”, dice mientras sonríe.
Pero antes de pensar en una fundación, Luz Mireya fue hasta la Gobernación de Santander, pidió una hoja en blanco y un lapicero. Desde su escaso conocimiento, diseñó una capacitación para madres cabeza de familia.
Lo único que sabía hacer eran cortados o dulces artesanales. Aún así, se le midió al reto de capacitar a 20 mujeres. Recuerda que tenía apariencia de limosnera, que sus zapatos estaban rotos y que su estómago se retorcía del hambre. Finalmente, su propuesta fue aceptada. La capacitación costó $5 millones, incluyendo su salario. Fue así como empezó mi labor y la nueva mujer que soy hoy día”, cuenta en medio de risas.
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Una historia sin final feliz
María Teodora fue capturada en su vivienda durante un operativo adelantado por la Policía. Buscaban a su esposo, quien vendía droga en la vivienda que compartían junto a sus cuatro hijos. Ella fue sindicada por la venta de estupefacientes y condenada a dos años y medio de prisión domiciliaria. Su esposo fue enviado a la Cárcel Modelo.
María Teodora terminó en una habitación en el barrio Nápoles con sus pequeños. Como le ocurrió a Luz Marina, también fue desamparada por su familia. Además, fue rechazada por los dueños de la casa donde residía por estar purgando una pena. Sin embargo, siguió allí porque no tenía otro lugar.
Como no podía salir a buscar trabajo, se atrasó en el pago del arriendo. La comida y toda clase de elementos para el sustento de la familia empezaron a escasear, hasta que llegó el día en el que ella quedó completamente desamparada.
Una noche, a las 2:00 de la mañana, María Teodora llamó desesperada a Luz Mireya y le contó que el hijo del dueño de la pensión donde vivía le iba a tumbar la puerta y la iba a sacar a la fuerza. Fue entonces cuando la directora de Fundicap llegó a auxiliarla.
Con el paso del tiempo, María Teodora se unió a la iniciativa de Luz Mireya y junto a 30 personas más, familiares de internos de la Cárcel Modelo y algunos hombres que ya habían purgado su pena, emprendieron el proyecto de la crear la fundación y una empresa de dulces. Sin embargo, la sombra de su esposo la seguía, a tal punto de maltratarla físicamente donde en cada lugar que la encontraba.
A pesar de que esta mujer denunció lo que le ocurría a la Fiscalía, que pidió ayuda a instituciones como el Inpec –por estar pagando una pena en prisión– y que terminó de pagar su pena, tuvo que irse de la ciudad.
“Fue fuerte hasta donde pudo”, dice Luz Mireya. “Hoy me duele que esté lejos, pero se fue fortalecida, con la firme convicción de que saldrá adelante”, añade su amiga.
Sueños sólidos
De la venta de dulces de Luz Mireya y los familiares de los internos de la Cárcel Modelo nació el proyecto más importante que tiene Fundicap: la asociación Asoprodelicias, ubicada en el cuarto piso del centro comercial Feghaly.
Allí, un grupo expresidiarios y algunos de sus familiares se dedican a la producción y venta de arequipe, cortados, quesos y yogurt. Tras el acompañamiento de entidades como el Sena de Piedecuesta, Asopordelicias ya cuenta con registro Invima en sus productos y un portafolio de servicios. Asimismo, abastecen un programa del gobierno departamental.
“La autoridad ambiental le exigió a la Alcaldía un encerramiento especial en el piso donde funciona la fábrica de dulces, que vale $25 millones, y aún no lo han hecho. Sin embargo, seguimos trabajando”, afirma Luz Mireya.
Para convertirse en una empresa que cumpla con altos estándares de calidad, Asoprodelicias requiere una inversión de $70 millones, dinero que Luz Mireya espera recaudar con entidades del Gobierno y con la ayuda de inversionistas privados.
De la mujer que recorría a pie los barrios de la ciudad buscando ayuda para las familias de los mal llamados ‘presos’, solo queda el recuerdo. “Lo mejor que podemos hacer es diseñar un plan de acción, que consiste en recuperarse uno mismo, en sanarse, y luego salir adelante con propuestas que nos permitan ganarnos el sustento diario”, explica Luz Mireya.
Según la experiencia de esta madre, no se puede trabajar en esta población sin conocer su realidad. Por esto, en compañía de un equipo de profesionales de Fundicap, ha emprendido un estudio que consiste en visitar 950 personas, familiares de internos en las cárceles, y ampliar el conocimiento en el tema.
Lo adelanta con el apoyo de la Gobernación de Santany la Red Unidos, especialmente porque muchas de estas familias viven en la extrema pobreza. “Hemos expuesto esto a los directores de cárceles, pero siempre se tocan temas intramurales. Debemos concentrar esfuerzos y creo que por medio de la Fundicap podemos dar ese primer paso y ayudar a aliviar el drama de madres e hijos, especialmente”, concluye Luz Mireya.
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¿En qué trabaja la Cárcel Modelo de Bucaramanga?
Según María Susana Escalante de Duarte, trabajadora social del área de atención y tratamiento de la Cárcel Modelo, en el lugar se trabajan encuentros familiares, actividades terapéuticas y lúdico - culturales, que le permite al interno y a su familia acercarse y perdonarse. “Puede que se fortalezcan los lazos afectivos como puede que la familia finalmente se disgregue. Someterse a este proceso es de valientes, pero muchos lo logran”, comenta esta experta.
El penal también trabaja en la consolidación de un proyecto de emprendimiento junto a la Alcaldía de Bucaramanga, orientado especialmente a las madres cabeza de familia.
Según Sandra Johana Forero, sicóloga de la Cárcel, el penal trabaja el emprendimiento empresarial en áreas productivas, con el fin de que los internos vendan, por medio de sus familias, los artículos o elementos que fabrican en los talleres del penal durante su estancia en la cárcel, y así tengan un ingreso más.
Centro piloto en Bogotá: Inpec
Según el capellán general del Inpec en Bogotá, el padre Andrés Fernández, en la capital del país se abrió un centro piloto que busca brindar apoyo a las familias de los internos, por medio de la Fundación Caminos de Libertad.
Se trata del Centro Nacional de Servicios de la Pastoral Penitenciaria, un lugar que ofrece servicios a las familias de los internos en áreas como la medicina y la odontología. Además, funciona como un hogar de paso para las mamás o las esposas de los internos que llegan a Bogotá desde otras ciudades a visitar a sus familiares y no tienen un lugar donde quedarse.
“Impartimos cursos en diversos temas, especialmente a las mujeres cabezas de familia. También trabajamos en ofertar cursos en conservación de alimentos, panadería, pastelería y manejo de máquina plana. Es una iniciativa que ha sido visitada por gobiernos de varios países. La idea es que se implante en toda Colombia”.
Trabajo para las internas condenadas
Un proyecto dirigido a las madres cabeza de familia, condenadas por algún delito y que están bajo arresto domiciliario, es el que adelanta la Gobernación de Santander y varias alcaldías del área metropolitana, con el fin de ayudar a sus familias, en especial, a los hijos que dependen de las condenadas.
Según Carlos Ibáñez, secretario de Gobierno del Departamento,
el proyecto consiste en capacitar a estas mujeres en el mantenimiento y aseo de los parques en distintas zonas de la ciudad. “Esto se adelanta con el Inpec y con los jueces de ejecución de penas. Se elaboró un banco de información, se tienen en cuenta a mujeres que no son de alta peligrosidad o que no estén pagando delitos graves. Ellas ganan un salario de $400 mil y se les pagan prestaciones sociales (salud y pensión)”, aseguró el funcionario.
“Nosotros hacemos una articulación con instituciones del Estado que trabajan en el tema carcelario y penitenciario, como son el Inpec y el Ministerio de Justicia, a través de una política criminal, pero solo se trabaja de manera puntual frente a los que tienen prisión domiciliaria”, añade Carlos Ibáñez.
Dato
El Centro Nacional de Servicios de la Pastoral Penitenciaria del Inpec en Bogotá funciona como un hogar de paso para las mamás o las esposas de los internos que llegan a la capital desde otras ciudades a visitar a sus familiares, y no tienen un lugar donde quedarse.













