En una zona rural de San Vicente de Chucurí los menores no han podido regresar a clases, pues la escuela está a punto de venirse al piso. Pese a que un juez ordenó adelantar acciones para restaurar el lugar, ni la Gobernación de Santander ni la Administración Local han cumplido.
Al menos 31 niños han perdido la posibilidad de estudiar este año por el mal estado de la escuela ubicada en el sector conocido como kilómetro 32, a unas cuatro horas de la cabecera municipal de San Vicente de Chucurí y a dos horas de Barrancabermeja.
Las grietas que recorren las paredes y el suelo de la estructura advierten que la sede 14 de la Institución Educativa Miradores de Llana Caliente en cualquier momento podría colapsar. Por esta razón, los padres de familia prefieren que sus hijos no asistan a estudiar.
Con el paso de los años, la humedad se ha apoderado del lugar. No se cuenta baterías sanitarias y mucho menos con restaurante o comedor infantil. "Ni siquiera hay acueducto y los niños no tienen posibilidad de lavarse las manos".
Leyla Yovanna Castellanos Portilla, representante de la comunidad, explica que la población afectada reside en la zona baja de San Vicente de Chucurí, en límites con Barrancabermeja. Pese a que es un lugar contiguo a la vía Panamericana o troncal del Magdalena Medio, estos ciudadanos se sienten abandonados por el Estado.
"Hay niños matriculados que viven en zonas muy alejadas, incluso de otras veredas, que deberían recibir sus clases aquí. Los padres de familia no han permitido el regreso a clases, pues simplemente no contamos con una infraestructura adecuada para dictar clase", advierte Castellanos.
La mujer asegura que en alguna ocasión los gobernantes les ofrecieron un conteiner, tipo aula móvil, pero esta idea fue rechazada. "Eso no es una verdadera solución. Me da temor que se convierta en algo permanente. El tiempo de vía útil de este estructura es poco. Estamos en una zona con calor extremo, no sería justo que los niños estudiaran así, pues ni siquiera tenemos agua para garantizar las medidas de sanidad".
¿Por qué no se ha invertido en la escuela?
Castellanos Portilla cuenta que esta escuela empezó a funcionar desde hace casi 60 años, cuando hacia 1965 los campesinos de la región vieron la necesidad de edificar el recinto para la educación de los niños. Al no tener otra alternativa, se construyó en un terreno baldío, que a la fecha no se ha legalizado. Esta situación ha impedido que se asignen recursos para intervenir el lugar.
"Nuestros ancestros trabajaron en comunidad y lucharon por medio de una Junta de Acción Comunal para que asignaran los decentes de ese entonces. Siempre ha sido la misma población la que ha tratado de buscar recursos para el mantenimiento, pero nadie se preocupó por legalizar el terreno por lo que es considerado como baldío", cuenta Leyla Castellanos.
Hace cuatro años se buscó apoyo institucional. Al conocer el caso, el Personero de San Vicente de Chucurí de aquel entonces, Johan Sebastián Moreno Castro, quien emprendió acciones legales para obligar a la Alcaldía y a la Gobernación de Santander a garantizar la educación de los menores.
"En 2019 ganamos en primera y segunda instancia. El fallo ordenó que en un plazo de 24 meses ambas administraciones debían legalizar el predio y hacer las adecuaciones para que los niños tuvieran acceso a una educación digna", relató Castellanos.
Pese a la decisión del Juzgado Promiscuo del Circuito de San Vicente, el predio sigue sin legalizarse y la escuela continúa con riesgo inminente.
"El año pasado por la pandemia la escuela permaneció vacía. No aprovecharon este tiempo para avanzar en las gestiones. No hubo legalización del terreno ni mantenimiento a la infraestructura. Solo han venido ingenieros a decir que los niños no pueden permanecer en el plantel educativo, porque se estaría arriesgando sus vidas", criticó la líder.
Tras hacer el reclamo en julio pasado, tanto la Gobernación de Santander y la Alcaldía de San Vicente de Chucurí solicitaron un plazo de 10 días para verificar las condiciones de la infraestructura. Este plazo se cumplió el pasado 13 agosto y la comunidad afirma que no se han hecho las respectivas visitas.
"No nos prestan atención, ni siquiera con un fallo judicial a nuestro favor. No sabemos cómo van a regresar a clases, ni siquiera contamos con Internet, porque somos una población muy vulnerable y de bajos recursos", lamenta Castellanos.
