El gobernador del Valle Francisco Lourido denunció penalmente ante la Fiscalía Regional a varios miembros de la pasada administración como responsables de celebrar un contrato sin cumplir con los requisitos legales y de prevaricato por acción.
Publicado por: COLPRENSA
Los afectados por la denuncia que la Fiscalía radicó bajo el número 201125002, son el exgobernador Juan Carlos Abadía, su secretario de salud Héctor Fabio Useche, el director jurídico Raimundo Tello y los interventores del contrato Yaneth Vélez y Alberto Ocampo.
Los dos cargos se desprenden de la ejecución del contrato No.607 de julio 3 de 2009, celebrado entre la Gobernación del Valle, a través de la Secretaria de Salud, y Eduardo Bolaños IPS Ltda., por un valor de 1.000 millones de pesos.
Dicho contrato tenía como objeto que el contratista prestara “servicios de salud de cirugía bariátrica por laparoscopia de alta complejidad en el marco de la protección del derecho a la salud de la población pobre no asegurada…”.
Montaña explicó que la decisión de denunciar penalmente a los ex funcionarios se tomó “luego de la revisión que hiciera al momento de proceder a la liquidación del contrato, donde se encontraron varias presuntas irregularidades”.
Según la denuncia, “el contrato se celebró entre la Gobernación del departamento y la IPS Eduardo Bolaños, pero la propuesta estudiada y aceptada por la Gobernación en su momento fue presentada el 6 de mayo de 2009 por un grupo de médicos denominado Cirugía para la Obesidad, integrado entre otros por los doctores Eduardo Bolaños y Carlos Felipe Chaux. Es decir que se contrató con una persona jurídica distinta a la que presentó la propuesta. Cabe anotar que la oferta aprobada se entiende integrada al contrato”.
Según el certificado de la Cámara de Comercio de Cali, la IPS Eduardo Bolaños fue constituida mes y medio antes de firmar el contrato, el 26 de abril de 2009, con un capital de 20 millones de pesos que aportaron por partes iguales el médico Bolaños y su esposa Libia Peláez, y de acuerdo con la investigación adelantada por Montaña, “con dicha entidad, sin tener en cuenta las reglas de contratación previstas en la ley, así como los decretos reglamentarios, la Secretaría de Salud celebró y ejecutó el contrato”.
Entre los hallazgos llama la atención que en las dependencias de la Secretaría de Salud “no estaban los registros y soportes (base de datos de los no asegurados y facturas) de las personas operadas supuestamente por el contratista. Los mismos fueron entregados en la clínica para la obesidad por el médico Bolaños, quien manifestó que en ese lugar funcionaba su IPS, pese a que no existía ningún letrero que así lo indicara”.
En el testimonio aportado por el galeno ante Montaña, éste explica que su relación contractual con la administración de Abadía comenzó en el 2008, cuando fue contratado para realizar varias cirugías pero que al año siguiente “me indicaron que ya no podían contratarme como persona natural por órdenes de servicio, por lo que cree la IPS. Ellos me enviaban algunos pacientes recomendados”.
El médico Bolaños le dijo al Secretario General de la Gobernación que en el 2009 conoció y operó al exsenador Juan Carlos Martínez, en dos ocasiones.
También se consideró como hallazgo el hecho de que la firma de la interventora Yaneth Vélez, que aparece en el acta de inicio y en dos informes de avance del contrato, “es distinta”.
Otro testimonio que se aporta a la denuncia es el de Luz Almira Pillimue, quien acudió a la Secretaría General de la Gobernación y dijo que la había operado el doctor Eduardo Bolaños en la Clínica de Occidente, “pero nunca firmé una factura por 17 millones de pesos”, que aparece con su rúbrica entre las carpetas entregadas por el galeno.
Montaña continúa analizando otros contratos y órdenes de servicios médicos en donde, al parecer, “habría una variación inusitada de los valores cobrados por el servicio de cirugía bariátrica sin ninguna aparente justificación”.
La Gobernación revisa con lupa otros 751 contratos que celebró la administración Abadía, entre enero del 2008 y junio del 2010, por la modalidad de contratación directa, o sea ‘sin licitación’, que suman 589.000 millones de pesos.
De ese monto, un total de 494.000 millones de pesos corresponden a 555 contratos suscritos desde la Secretaría de Salud manejada por el ahora candidato, Héctor Fabio Useche.
USECHE RESPONDE Consultado sobre la denuncia en su contra, el odontólogo Héctor Fabio Useche, quien aspira a convertirse en gobernador el próximo domingo por el Movimiento de Inclusión y Oportunidades, MÍO, dijo: “Cuando asumo como secretario de Salud encuentro en mi dependencia un manual de funciones y mis actuaciones siempre estuvieron dentro del marco legal que allí se consigna, por eso puedo decirle al pueblo vallecaucano que este tranquilo, que firmé ese contrato porque contaba con el respaldo de estudios previos, el concepto jurídico favorable de la Dirección Jurídica de la Gobernación y el permiso por escrito del Ministerio de la Protección Social porque esas cirugías bariátricas que a través de tutelas se nos ordenó atender, son procedimientos que no realiza ningún hospital público en la región, pero que nosotros teníamos la urgencia de atender porque comprometían la vida de los afectados”.
Al preguntarle por la testigo que asegura que no firmó la factura por la operación que se le realizó, el candidato del MÍO a la Gobernación agregó que “la denuncia no es sobre un dinero que se haya perdido, ni porque hayamos dejado de hacer las cirugías, sino por la forma en que las contratamos, algo que me extraña profundamente porque ya la Contraloría Departamental había revisado el asunto y no encontró ningún reproche que hacernos, además, actué de buena fe y con el respaldo de unos documentos oficiales elaborados por otras dependencias y entidades, como los estudios previos, el concepto jurídico y el permiso del Minprotección Social, lo que me corroboró que el contrato llenaba todos los requisitos legales”.
Cuestionado sobre la falta de soportes y otras presuntas irregularidades, Useche aseguro estar preocupado por lo que calificó como una persecución política en su contra.
“No entiendo por qué el gobernador Lourido sale con esto a tres días de una elección que, todo el mundo lo dice, voy ganando. El tuvo año y medio para esculcar e investigar todo lo que hicimos en la Secretaría de Salud y nunca antes tuvo ninguna inconformidad. Por eso me pregunto sino estará buscando favorecer a uno de mis rivales con esta denuncia. Por eso pido a las autoridades electorales que pongan atención al juego sucio del que soy víctima, al que, lamentablemente, el gobernador le hace juego con esto”, concluyó Useche.
