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Domingo 22 de Enero de 2012 - 03:03 PM

“Guerrilla y bandas criminales siguen violando derechos humanos”, HRW

Colombia sigue siendo el país donde mayor número de amenazas a sindicalistas se presentan en el mundo.
Tomada de internet/VANGUARDIA LIBERAL
“Guerrilla y bandas criminales siguen violando derechos humanos”, Human Rights Watch
(Foto: Tomada de internet/VANGUARDIA LIBERAL)

Un informe de la organización Human Rights Watch muestra que en Colombia se siguen presentando grandes violaciones a los derechos humanos, siendo los grupos armados al margen de la ley los principales responsables de estas violaciones. Según el informe, los sindicalistas, indígenas y los defensores de derechos humanos son los más afec-tados por esto.


El informe resalta que, durante las elecciones de octubre de 2011, la Misión de Observación Electoral, informó que “40 candidatos fueron asesinados durante 2011”, lo que muestra un incremento del 48% respecto a los reportados en las elecciones locales de 2007.

La organización también lanza duras críticas al gobierno de Álvaro Uribe afirmando que ese mandato “se vio empañado por una sucesión de escándalos vinculados con ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros del Ejército”, la desmovilización paramilitar que calificó como “ampliamente cuestionada” y los abusos por parte del servicio de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

A pesar de que el informe reconoció que la administración del presidente Juan Manuel Santos se ha mostrado más preocupada en la defensa de los derechos humanos que la administración anterior, el informe resalta varias de las grandes falencias que tiene el gobierno en este tema.

SINDICALISTAS ENTRE LOS MÁS AMENAZADOS

Human Rights Watch reconoce que la cantidad de sindicalistas que son asesinados anualmente en Colombia es menor ahora que en la década pasada. Sin embargo, resalta que la cifra de asesinatos “continúa siendo superior a la de cualquier otro país del mundo: 51 sindicalistas fueron asesinados en 2008, 47 en 2009, 51 en 2010 y 26 entre enero y el 15 de noviembre de 2011”, según datos otorgados por la Escuela Nacional Sindical, ENS. Las amenazas contra sindicalistas son atribuidas principalmente a los grupos sucesores de los paramilitares.

La organización también se muestra preocupada por la impunidad en la violencia contra sindicalistas. Según el informe, “Colombia ha obte-nido condenas en menos del 10 por ciento de los más de 2.900 asesinatos de sindicalistas informados por la ENS desde 1986”. Resalta que la subunidad especializada en investigar delitos contra sindicalistas de la Fiscalía General de la Nación, lleva hasta ahora 787 investigaciones por casos de homicidios y se han obtenido condenas en más de 185 de estos casos.

A pesar de esto, en el último año, la subunidad prácticamente no ha logrado avances en la obtención de condenas en casos de homicidios de sindicalistas. De hecho, “hasta mayo de 2011, la subunidad solamente había obtenido condenas en 6 de los más de 195 asesinatos de sindicalistas ocurridos desde que el grupo especializado de fiscales comenzó a funcionar en 2007”. Tampoco ha conseguido ninguna condena por los más de “60 casos de tentativa de homicidio, 1.500 amenazas y 420 desplazamientos forzados informados por la ENS durante ese período”.

LA AMENAZA DE LOS GRUPOS ARMADOS

Según el informe las bandas criminales, sucesoras de los paramilitares “mantienen extensos vínculos con miembros de la fuerza pública y funcionarios locales”. Estos grupos, que en gran medida están liderados por exparamilitares, “han crecido en número y tienen actualmente cerca de 5.700 miembros”, según cifras oficiales a octubre de 2011.

Según la organización “el hecho de que miembros de la fuerza pública toleren a estos grupos es uno de los principales factores que hacen posible que conserven su poder”. También se revela que al menos 180 policías fueron capturados en 2011 por presuntos vínculos con las bacrim.

Estos grupos son responsables de ataques a defensores de derechos humanos, líderes afrocolombianos e indígenas, sindicalistas y grupos de víctimas que reclaman justicia y la restitución de tierras. De hecho, según el director general de la Policía Nacional, el general Oscar Naranjo, “estos grupos son responsables de la mayor parte de la violencia en Colombia”.

Entre las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Farc, entre las más graves resaltadas por el informe está la siembra de minas antipersona. Según cifras del Gobierno, “16 civiles perdieron la vida y 104 sufrieron heridas a causa de minas terrestres y municiones sin detonar entre enero y agosto de 2011”.

También se denuncia la práctica del secuestro, tomando en cuenta que hay varias personas que han estado en poder de las Farc durante más de 10 años y la ejecución de los cuatro miembros de la Fuerza Pública, que llevaban 13 años encadenados, en la selva del Putumayo, en hechos ocurridos el 26 de noviembre de 2011.

MILITARES Y POLÍTICOS, ALIADOS DE LOS GRUPOS ARMADOS

 El informe muestra el repudio de la organización hacia los crímenes cometidos por agentes de la Fuerza Pública, los denominados ‘falsos positivos’. Según estimaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Colombia, cerca de 3.000 personas podrían haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales por agentes del Estado, siendo la mayoría de estos casos cometidos por entre 2004 y 2008.

Aunque reconoce que el número de casos se redujo drásticamente después de 2008, también menciona que durante 2010 y 2011 se registraron algunas denuncias en este sentido.

Según datos de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, actualmente se investigan 1.622 casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes del Estado, que involucran a 2.788 víctimas. Hasta el momento se han obtenido condenas en 77 casos.

La organización reconoce los avances de la Corte Suprema de Justicia en la investigación de los miembros del Congreso acusados de colaborar con paramilitares. Hasta ahora han sido investigados 120 ex miembros del Congreso, de los cuales cerca de 40 han sido condenados. Sin embargo, critica el hecho de que las investigaciones contra políticos locales, altos oficiales de las Fuerzas Armadas y empresarios, que tenían vínculos con paramilitares avancen lentamente.

También menciona el temor que existe por las alianzas entre bandas criminales y los políticos locales y regionales. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, 119 municipios estuvieron expuestos a un alto riesgo de violencia electoral o injerencia por parte de las denominadas bacrim durante las elecciones locales de octubre de 2011.

AVANCES Y RETROCESOS DEL GOBIERNO SANTOS

El informe resaltó los avances en términos de protección a los derechos humanos logrados por el presidente Juan Manuel Santos en los que lleva de mandato. La aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que procura restituir millones de hectáreas a personas desplazadas e indemnizar a víctimas de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, es reconocida como un paso en la dirección correcta hacia la solución al conflicto armado.

Sin embargo, las propuestas de reforma constitucional que hasta el momento cursan en el Congreso, como son los proyectos de reforma a la justicia y la ley de justicia transicional, son considerados posibles generadores de impunidad y amenazas a la justicia en Colombia.

El primero, porque al ampliar y fortalecer el fuero militar permite que los militares que sean responsables de abuso de autoridad y crímenes contra la población civil sean juzgados por la justicia penal militar. El segundo, porque anularía la posibilidad de condenar y castigar a los responsables de violaciones de derechos humanos, incluidas aquellas cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas.

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