Este miércoles la plenaria del Senado discute y vota la ley estatutaria del fuero militar, los parlamentarios aprobaron 73 de los 100 artículos en bloque. Durante la discusión el debate se ha basado en las garantías que necesitan los militares para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia.
Publicado por: COLPRENSA
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el alto mando militar ha insistido en que existe una inseguridad jurídica para la fuerza pública “que ellos actúen en un marco y los juzguen en otro complica el accionar. Si cometen delitos deben ser castigados pero con una justicia especializada, más profunda, para que se discipline a esos miembros de las Fuerzas Armadas que cometen faltas, por eso hemos acudido a presentar esta reforma de cara al Congreso”.
El jefe de la cartera puntualizó en que el texto que presentó el Gobierno es muy distinto al que se está aprobando en el Congreso, “pero será la corte la que decida y tendremos que acatar su decisión”.
Para Pinzón no hay ninguna reforma que deje contento a todo el mundo “para aquellos sectores que creen que con esto se está dando un beneficio, un premio, a los miembros de las Fuerzas Armadas, están muy equivocados. Las Fuerzas Armadas requieren para actuar en el marco de la constitución y de la ley ser dotadas de recursos, de equipos y un ámbito jurídico claro en el que sean entrenadas”.
Frente a las críticas recordó que el Derecho Internacional Humanitario promueve la protección de los civiles en situación de hostilidades, “hay elementos que restringen el empleo de la fuerza y obligan como nunca antes a seguir procedimientos a la hora de actuar. Hay sectores que dicen que se está restringiendo el empleo de la fuerza, por eso me aterra los argumentos de organismos internacionales nosotros aceptamos que nos iluminen pero aquí hay organismos con soberanía plena que es el desarrollo de la constitución”.
Y agregó: “han hecho críticas desactualizadas, no entro a detallar porque ha habido modificaciones al proyecto original. También hay críticas para generar obstáculos para frenar un consenso que se ha logrado”.
Pinzón puntualizó en que buena parte de esta iniciativa se ajusta a los lineamientos de Ginebra y los tratados internacionales, “eso me parece muy importante”.
“Vamos a hacer un plan de choque, a buscar oficiales de plan operacional para que se especialicen en derecho y puedan argumentar desde lo jurídico y lo operacional. Me sorprende que se crea que la justicia ordinaria está en un área de transparencia. El Fiscal ha dicho que no alcanza con eso y los magistrados piden recursos para tener una justicia mejor. El 45 por ciento de los detenidos, me decía un defensor, cerca de 50 mil están detenidos sin sentencias solamente con medidas de aseguramiento, eso no está bien. Por eso requerimos de esa justicia penal militar, eso ayudará a la justicia ordinaria también”.
Cabe recordar que en la mañana de este miércoles una nueva crítica internacional recayó al trámite de la ley que reglamenta el Fuero Militar. La ONG Amnistía Internacional (AI), por intermedio del investigador Marcelo Pollack, quien señaló que con esta reforma se “afianzará la impunidad por violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas por las fuerzas de seguridad de Colombia”.
Para AI, pocas personas “han comparecido ante la justicia por estas violaciones y abusos de derechos humanos, y la ley propuesta protegerá a las fuerzas de seguridad de Colombia del procesamiento ante tribunales civiles”
“Si el Congreso aprueba el proyecto de ley que regulará la aplicación de la reforma del Fuero Militar aprobado el año pasado, se demostrará una vez más que Colombia no está dispuesta a investigar y enjuiciar de forma genuina los delitos de derecho internacional”, indicó Pollack.
El pasado martes los cuestionamientos a la norma provinieron de la ONU, que aseguró que el proyecto tal como está provocaría daños graves al derecho internacional humanitario, por lo que planteó que en lo referente a las ejecuciones extrajudiciales o también llamados como 'falsos positivos' se debe hacer precisión que los mismos, tanto los anteriores a la ley como los que eventualmente sucedan, serán de discusión exclusiva de la justicia ordinaria.
El coordinador ponente Juan Manuel Galán, aseguró que esta iniciativa es de gran importancia, “este proyecto tiene línea directa para reglamentar el acto legislativo aprobado el año pasado. Este proyecto es independiente de los diálogos que se adelantan en La Habana, así lo ha dicho el presidente, la iniciativa hará tránsito a la Corte Constitucional para que ellos tengan todo el tiempo y la oportunidad de sentenciar la constitucionalidad, es muy importante resaltar el trabajo de las Comisiones Primeras”.
Y puntualizó que los únicos casos que serán conocidos por la justicia penal militar serán aquellos donde haya una relación con las funciones del servicio “lo que no cumpla con esa condición será conocido por la justicia ordinaria. Ha habido una inquietud sobre los falsos positivos, ejemplo de Soacha, en esos casos se estableció en el acto legislativo un parágrafo en donde se expresa que esos delitos que están siendo juzgados en ningún momento pueden transitar a la justicia penal militar”.
Para el otro coordinador Ponente Juan Carlos Vélez, las objeciones a la justicia penal militar que hacen diversas ONG internacionales no han sido enviadas al despacho de ningún senador, “no tolero esa injerencia, para mí es una declaración contra la autonomía del Congreso y del Estado”.
Según el parlamentario, hay una presión internacional contra un proyecto de ley “que busca defender a nuestros soldados. Esto es una garantía para las personas que hacen parte del estado y que enfrentan situaciones en las cuales ellos tienen que ocasionar la muerte de ciertas personas, tienen que actuar de manera diferente a como lo hacen algunos miembros del Estado y por eso ellos deben tener un tratamiento judicial diferente al de cualquier colombiano”.
Vélez agregó que las violaciones contra el Derecho Internacional Humanitario serán conocidas por la Justicia penal militar, “el DIH es el derecho a la guerra en cualquier país del mundo, cualquier violación al derecho a la guerra debe ser conocido por esa justicia. Si el batallón Colombia, en el Sinaí es atacado por unos beduinos, si un soldado captura a uno y lo asesina por ser una conducta de guerra no puede ser conocido por la justicia ordinaria es un acto de guerra”.
Por último, el legislador anotó que el proyecto otorga autonomía de la justicia penal militar y la defensa técnica de los soldados.
Para Juan Lozano este es un proyecto que conserva la capacidad ofensiva de las fuerzas para combatir a aquellos grupos que no se desmovilicen “estamos hablando de bandas criminales como las Bacrim y en el futuro las Farcrim, todo esto para que nuestros compatriotas no queden a merced de una desmovilización incompleta”.
