Luego de tres meses de estar en discusión en la Comisión Primera del Senado, se aprobó el proyecto de ley que busca solucionar parcialmente la crisis de hacinamiento en las cárceles.
Publicado por: COLPRENSA
Tras cumplir tres meses de estar en discusión en la Comisión Primera del Senado, ayer fue aprobado el proyecto de ley que reforma el Código Penitenciario Nacional, norma con la cual se busca dar solución parcial a la crisis de hacinamiento que se vive en las cárceles.
El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, confirmó que en el articulado quedó incorporada la normativa que permitirá la flexibilización de la suspensión de la condena, la libertad condicional y la detención domiciliaria, lo que ayudará a bajar el hacinamiento.
Explicó Gómez que no aplicará para los delitos graves: “homicidio, violación, asesinatos, extorsión y otros delitos que afectan la convivencia ciudadana”.
También declaró que el proyecto de ley determina que en las cárceles grandes se garantiza que haya un juez de ejecución de penas, como también que los médicos hagan el año rural en
las prisiones y que los abogados tengan allí su práctica.
“No es la solución al problema del hacinamiento, es uno de los instrumentos que tiene el Gobierno”, sostuvo Gómez Méndez, tras explicar que no hay un número determinado de cuántas personas saldrían, pero estimó que estarían entre siete mil y diez mil.
El presidente de la Comisión Primera del Senado, Juan Manuel Galán, explicó que quedó pendiente para la plenaria la votación del artículo que permite la privatización de las cárceles y el que habla de la seguridad en ellas.
Galán explicó que este asunto ha generado mucha controversia por el alcance que podría llegar a tener, a lo que el ministro de Justicia respondió: “no se trata de imponer la privatización, no está en juego la vigilancia pública, se haría en condiciones que fija el proyecto y no es inmediato”.
Estancada en trámites
Aunque esta es una de las prioridades del Gobierno, el proyecto ha tenido problemas de diferente tipo para su trámite.
Los mayores inconvenientes que ha tenido la iniciativa radican en las diferencias que tienen sobre el mismo la Fiscalía, el Gobierno y los senadores, lo que motivó que se optara por crear una comisión alterna que estudie los distintos puntos de vista para unificarlos exitosamente.
