La forma cómo se ha planteado la política criminal en el país tiene al menos cuatro grandes errores que la lleva ser incoherente e insuficiente para enfrentar nuestra realidad criminal.
Publicado por: COLPRENSA
Así lo planteó al Gobierno Nacional la Comisión Asesora de Política Criminal, creada en 2011 y conformada por un selecto grupo de reconocidos juristas, en su primer informe que fue socializado la semana pasada en Bogotá.
El documento es un diagnóstico sobre el estado actual de la política criminal que evidenció en pocas palabras que en Colombia hay una especie de 'reaccionitis' que se refleja en la presentación de proyectos de ley cuyas motivaciones distan de tener informes técnicos de los beneficios que traerían; así como en una tendencia a crear delitos y aumentar penas.
Ese ha sido precisamente el discurso en los últimos días desde el Ministerio de Justicia, pero también de la propia Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación, entidades todas, con puntos encontrados sobre aumento de penas o la encarcelación de los conductores que manejen en estado de embriaguez.
1. La Incoherencia
Como ejemplo se expone la iniciativa que buscaba la cadena perpetua para ciertos crímenes contra los niños y las niñas en el 2010. La Comisión analizó la exposición de motivos, la ponencia y encontró que su contenido se basa en las disposiciones de la Corte Constitucional, en un panorama de violencia en el país y de casos dolorosos y fotos explícitas, pero no “un argumento serie de política criminal sobre su conveniencia”, su eficacia y las consecuencias que traería para todo el ordenamiento jurídico.
Otro ejemplo es la Ley de Seguridad Ciudadana de 2011 que creó una pena de 90 años para el tráfico de menores, pena que excede la máxima establecida en el Código Penal en el 2004, que es de 50 años, y ley que no hizo la debida reforma para que no se presentara esa incoherencia.
Además, la Comisión critica que cuando se crean nuevos delitos no se piensa en reforzar la capacidad de jueces y fiscales para poder enfrentar la demanda o que se ha restringido la libertad provisional y aumentado las penas, hechos todos que derivan en hacinamiento carcelario. A esto, se suman la falta de sistema de información sólidos y de programas de resocialización.
“Como consecuencia de lo anterior, no es de extrañar que las medidas de política criminal hayan tenido serias inconsistencias e incluso contradicciones, tanto formales, por carencia de técnica jurídica, como materiales, por la coexistencia de enfoques contradictorios para enfrentar fenómenos de criminalidad”, dice la Comisión que además reprocha la falta de enfoques para los grupos étnicos, las personas con discapacidad, la población Lgbti y de género.
2. El populismo punitivo
Pero el tema del llamado “populismo punitivo”, tiene para la Comisión especial atención ya que, señala, desde el año 2000 hasta el primer semestre de 2011, el Código Penal se ha modificado 36 veces. De estas, 20 modificaciones han sido impulsadas por el propio Congreso, 11 del Ejecutivo, 2 por el Gobierno en asocio con la Fiscalía, 1 por el gobierno junto con los congresistas y 1 por la Fiscalía de manera autónoma.
Estas modificaciones crearon 47 nuevos delitos, dos de los cuales ni siquiera quedaron en el Código Penal (la manipulación de equipos terminales móviles y la explotación de menores de edad, creados por la Ley 1453 de 2011). Igualmente, se incrementaron las sanciones para 80 delitos.
Como ejemplos se destacan la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones que pasó de tener una pena entre 1 y 9 años, a una de entre 4 y 12 años. O bien, el homicidio que en el Código Penal del 2000 era penalizado con penas de 13 a 25 años y, desde la entrada en vigencia de la Ley 890 de 2004, con penas de 17,33 a 37,5 años de prisión.
“Ese incremento de la severidad penal no ha sido en Colombia una política criminal reflexiva y consistente para enfrentar desafíos criminales complejos sino que es una expresión de lo que algunos autores conocen como populismo punitivo”, señaló la Comisión.
3. La falta de analizar el contexto
Como otro gran problema estructural de nuestra política criminal se destaca la supuesta falta de combatir los desafíos que nos da nuestro contexto: esto es; la complejidad de las organizaciones criminales existentes, las violencias cotidianas, la persistencia del conflicto, la gravedad de la situación de derechos humanos, la injerencia de la pobreza y la desigualdad, entre otros.
De acuerdo con la Comisión, “las decisiones de política criminal, al no estar claramente fundadas empíricamente, no han sido capaces tampoco de tomar en cuenta la diversidad y complejidad de los fenómenos criminales en Colombia”.
Así, deberían tenerse en cuenta los altos niveles de corrupción, los desafíos del narcotráfico, la violencia sexual y doméstica, la discriminación racial, a fin de crear estrategias eficaces que los combatan.
4. La subordinación a la política de seguridad
En este punto, para la Comisión es un problema que al parecer, debido a la crudeza del conflicto, el narcotráfico y las bacrim, entre otros, la política criminal queda subordinada a la política de seguridad de los Gobiernos de turno que en las últimas décadas han definido políticas de seguridad y paz en el que los organismos de seguridad tienen prioridad.
Este panorama que describe la Comisión, se debe también a la falta de coordinación entre la propia institucionalidad del Estado y a la propia legislación que por ejemplo, no obliga que todos los delitos estén en un mismo cuerpo sino que permite que estén dispersos en las leyes sin que se afecte la seguridad jurídica.
LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES
Con el escenario descrito la política criminal debería basarse en el otorgamiento de plenas garantías, los derechos humanos, los enfoques diferenciales y la prevención, entre otros.
Se trata, además, de crear procedimientos distintos para las pequeñas causas, usar más el principio de oportunidad, revisar las penas que actualmente existen, las que se han incrementado inusitadamente y establecer criterios adecuados para regular las penas, que además deberían ser acordes con la expectativa de vida en Colombia. La idea es que esto se establezca por el Consejo de Política Criminal para que envuelva a todos los proyectos de ley relacionados con la criminalidad y que se garanticen aspectos como la resocialización.
Ahora bien, el ítem de la corrupción reviste de especial importancia en este análisis que hizo la Comisión al considerar que el sistema penal debe acomodarse para sancionar tanto a los grandes desfalcos, como a la corrupción cotidiana que suele ser silenciada como los “pequeños cohechos y los actos de clientelismo”.
Igualmente, el incremento en temas de delincuencia económica, que es profesional y organizada, debería promover cambios para que las autoridades tengan las mismas fortalezas para combatirlas.
Se propone aquí utilizar el principio de oportunidad para que la Fiscalía pueda seleccionar los casos de mayor relevancia y, además, la doble imputación, penal y administrativa para los mismos hechos.
