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Domingo 01 de Junio de 2014 - 09:23 AM

¿Sin límites para que las Farc participen en política?

El actual escenario del Marco Jurídico para la Paz señala que excombatientes no podrán participar en política si llegan a ser responsables de lesa humanidad o de genocidio cometidos de manera sistemática.
Archivo/VANGUARDIA LIBERAL
¿Sin límites para que las Farc participen en política?
(Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)

No obstante, ello podría cambiar si la Corte Constitucional acoge los argumentos del fiscal general, Eduardo Montealegre, quien considera que no se debe poner ningún límite a la posibilidad de participar en política.

Su punto es que la prohibición para responsables de estos delitos no debe ser de por vida, si el objetivo es poner fin a años de conflicto y consolidar una salida negociada al conflicto.

Aunque la propuesta lanzada la semana pasada fue polémica en su momento y provocó sorpresa, no es descabellada, en el sentido que, al menos internacionalmente, no hay un límite jurídico que prohíba que un excombatiente responsable de delitos lesa humanidad haga política eventualmente.

Así lo explicó María Camila Moreno, directora en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés) al indicar que, tal y como dijo Montealegre, es necesario que haya primero investigación, juzgamiento y condena para esa persona responsable de delitos de lesa humanidad o genocidio.

“Lo que dijo el fiscal es que una vez los responsables hayan sido investigados, juzgados y condenados, y hayan cumplido con la pena, se les debería permitir participar en política. Ahora, no sabemos cuál va a ser la pena. Lo que no es aceptable ni pertinente es una prohibición de participación en política a perpetuidad”, señaló.

En ese sentido, explorando el escenario que el Fiscal Montealegre planteó, tendrían que cumplirse con el deber de investigar los crímenes y darles una sanción efectiva, así como con el reconocimiento de responsabilidad, la desmovilización, la reparación a las víctimas para luego sí pensar en qué beneficios podría recibir el involucrado.

Aunque cabe aclarar que la posición del ICTJ fue la de pedirle a la Corte que mantenga tal y como está el Marco Jurídico para la Paz, es decir, con la prohibición de hacer política para responsables de lesa humanidad y genocidio, Moreno explicó que uno de los temas a tratar ante la eventualidad de la propuesta del Fiscal es qué se va a acordar con la pena.

Así, mientras las negociaciones con las Farc siguen en La Habana, Cuba, podría considerarse que la pena sea no mayor de 8 años (por el límite que ya puso Justicia y Paz), o bien penas que no impliquen cárcel como señaló el Fiscal en su momento, de trabajo social por ejemplo; o bien, como dice Moreno, que la pena incluya una inhabilitación por unos años para luego sí poder hacer política.

“El límite es pagar una condena. La pena puede ser la inhabilitación política por un tiempo, pero no eterno, porque el sentido mismo de la construcción de la paz es que los actores armados se conviertan en actores políticos”, señaló.

En todo caso, para el ICTJ, sería necesario que la Corte cuando tome su decisión sobre si deja el texto tal y como está o lo modifica, haga algún tipo de pronunciamiento sobre el artículo 122 de la Constitución Política que actualmente prohíbe que una persona que haya cometido un delito pueda hacerse elegir.

Ese artículo excluye a las personas condenadas por delitos políticos pero, como explica Moreno, no es posible que los delitos de lesa humanidad y el genocidio sean considerados con conexos a los delitos políticos por lo que al parecer hay una contradicción entre el artículo 122 y el Marco para la Paz que modificó la Constitución.

Así, de plano, con esta lectura, la propuesta del Fiscal no sería del todo descabellada y tendría un fundamento jurídico. No obstante, opina todo lo contrario el ex viceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, para quien dicha propuesta es inadmisible.

En su criterio, el Estatuto de Roma obliga a que haya una sanción que sea de cárcel, así se trate de una pena que no sea proporcional a la gravedad de los crímenes cometidos, por tratarse de un proceso de Justicia Transicional.

Aun así, para Nieto Loaiza, en realidad de acogerse esa propuesta, se “haría una manipulación del sistema de administración de Justicia y dejar en la impunidad esos delitos y abrir la puerta a la Corte Penal Internacional”.

UNA DECISIÓN POLÍTICA

Así, el tema parece de fondo, más que todo, una decisión de carácter político. ¿Hay que imponer límites a la posibilidad de que las Farc hagan política? ¿Quiénes sí y quienes no estarían habilitados para hacerlo? ¿Es conveniente no poner límite alguno? ¿Qué pasa con los derechos de las víctimas?

El Marco Jurídico para la Paz no impone límites en ese sentido para los llamados crímenes de guerra y por eso fue que el ex viceministro de Defensa Rafael Guarín, lo demandó ante la Corte, por considerarlo muy amplio.

Por eso, para Guarín, la propuesta de Montealegre es “deplorable” porque va en contravía del deber de sancionar graves violaciones a los derechos humanos y es contraria a los derechos de las víctimas.

“No existe ninguna diferencia entre las masacres perpetradas por Timochenko, de las que ha cometido Salvatore Mancuso. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista de la dignidad de las víctimas, que las masacres hayan sido cometidos por las Farc, las AUC, o hayan estado involucrados miembros de las FF.MM? ¿Por qué se premia a las Farc?", señaló.

En su criterio, además, en este momento las Farc, aunque están negociando, “no han tomado la decisiones de abandonar la violencia ni las armas” y por eso, a su juicio, no debería haber una reforma a la Constitución que garantice impunidad hasta que la guerrilla no tome esa decisión.

Y si la pregunta es por conveniencia, fue el propio procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien dio una lectura distinta a la declaración del Fiscal, al indicar que Montealegre estaría haciendo lo que el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, no hace ni puede hacer.

Ordóñez, quien solicitó esta semana que las víctimas sean escuchadas en La Habana, considera que la participación en política los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación porque en últimas el victimario terminaría gobernando a su víctima, dictando cuál es su verdad de los hechos.

Pero más allá, consideró que los pronunciamientos del Fiscal son “concertados” con el presidente Santos para ir ambientando un escenario de impunidad sobre el proceso de paz.

Para el ex viceministro Nieto Loaiza, las intervenciones del Montealegre son impropias de su investidura como Fiscal porque precisamente su deber constitucional es el de investigar el delito y acusar a los responsables y no hacer declaraciones “cada día más agresivas en la línea de buscar la impunidad”.

Es más, Nieto Loaiza considera que el Fiscal ha venido cada día “quitando obstáculos para esa impunidad” que supuestamente se estaría gestando. Ya que el Marco para la Paz nada dijo sobre la participación en política de los responsables de crímenes de guerra, dice Nieto, entonces el límite era la lesa humanidad y el genocidio y por eso es que se le habría pedido a la Corte que lo tumbara.

“Y sobre la lesa humanidad, el Fiscal ha dicho que en Colombia no hay guerrilleros de las Farc condenados por lesa humanidad. Eso es insostenible, las condenas en el país no dicen si no o no conductas de lesa humanidad. ¡Por Dios! Decenas y decenas de secuestros, de asesinatos de civiles cometidos de manera sistemática son delitos de lesa humanidad”, apuntó.

Por el último pero no menos importante, el Vocero del comité nacional de víctimas de la guerrilla, Fernando Vargas Quemba, estimó que las mismas declaraciones de Montealegre son un crimen y que de aprobarse ese escenario, Colombia enfrentaría un escándalo internacional cuando las víctimas decidan acudir a la justicia internacional.

“Proponer que los criminales de lesa humanidad no paguen un día de cárcel y pasen al congreso es aberrante. El fiscal actúa como vocero de las Farc. Los paramilitares podrían empezar a reclamar igual tratamiento. Si asesinar y reclutar niños, si matar civiles no genera un día de cárcel, sino que van a quedar exaltados con las más altas dignidades, lo que se entenderá es que el crimen paga”, apuntó.

Así, en este controversial escenario, el balón lo tiene la Corte Constitucional que tiene plazo máximo hasta el 24 de julio para pronunciarse sobre el tema y dejar de una vez en claro si hay límites o no a la posibilidad que guerrilleros de las Farc participen en política.

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