Son $3.075 millones los que están comprometidos con una Unión Temporal, en la que uno de sus integrantes está relacionada con la actual directora de la CAS.
Publicado por: JINETH PRIETO
La Contraloría General de la República le imputó responsabilidad fiscal a la directora de la Corporación Autónoma de Santander, CAS, Flor María Rangel y al exidrector de esa entidad y actual candidato al Senado por ‘La U’, Héctor Murillo, por la ejecución, presuntamente irregular, de más de $3 mil millones en la entidad.
La decisión del ente de control, que también salpica a varios funcionarios y exfuncionarios de la CAS, se dio luego de una auditoría especial adelantada los últimos meses del año pasado, con el fin de revisar presuntas irregularidades denunciadas en la Corporación.
Específicamente, la imputación obedece a un contrato suscrito con la Unión Temporal Barrancabermeja por más de $3.400 millones, con el fin de reforestar y aislar varios predios considerados estratégicos en términos ambientales.
No obstante y pese a que el contrato se suscribió en septiembre de 2011 con ocho meses de plazo de ejecución, a hoy no solo no se ha concluído, sino que ha tenido varias suspensiones y prórrogas, esto con el agravante de que se ha girado el 90% de los recursos, equivalentes a $3.075 millones, sin que se hubiera ejecutado al menos el 50% del objeto.
Precisamente, $1.300 millones fueron girados 15 días después de que se hubiera posesionado en el cargo Flor María Rangel, pese a que ya se había advertido, según expedientes del contrato, que habían problemas en la ejecución.
“Lo que puedo decir es que ese comprobante de desembolso no pasó por mis manos. Aunque aparece mi firma, yo no firmé. Ya tengo una denuncia en la Fiscalía”, explicó Rangel.
Sin embargo, el informe de la Contraloría revela que las presuntas irregularidades no solo se remiten a la ejecución del contrato, sino también a su suscripción.
Por una parte, se habrían manipulado los principios de selección objetiva, debido a que pese a que la CAS exigió unas condiciones muy específicas al contratista, nunca le pidió que certificara experiencia en la plantación de caucho, que era el ítem del contrato que más peso tenía.
Adicionalmente, el ente de control estimó que no se estructuraron los estudios previos adecuadamente y que nunca hubo certeza de la ejecución del contrato debido a que jamás se nombró la interventoría, lo que implicó “un abandono absoluto” de la inversión que hacía la entidad.
“En estos momentos estamos preparando la respuesta a la Contraloría para aclarar cada uno de los puntos. Además debo precisar que este no fue un contrato que se firmó en mi administración”.
En este sentido se pronunció Héctor Murillo, exdirector de la CAS y actual candidato al Congreso: “puedo asegurar que esta fue una licitación que cumplió con todos los requisitos de ley”.
Respecto a la falta del nombramiento del interventor, indicó: “Evidentemente tuvo que nombrarse porque a partir de los informes se hacía el giro del dinero. Tengo todos los soportes y estoy esperando a que me llame la Contraloría para presentarlos”.
El contratista
Vanguardia Liberal revisó los orígenes de las empresas que integran la Unión Temporal que ha recibido más de $3 mil millones sin que se tenga clara su inversión, y encontró que la actual directora de la CAS, Flor María Rangel, tiene relación con una de ellas.
Se trata de la Asociación de Trabajadores Comunitarios Guardianes del Futuro, organización sin ánimo de lucro que tiene el 33% de la unión. Esa asociación fue fundada en febrero de 1.995 por Rangel, quien permaneció en ella hasta 2004. Para ese año, Rangel ya completaba tres años como integrante del consejo directivo de la CAS en representación del gremio de recicladores.
“Sí, eso es cierto, pero actualmente yo no tengo ninguna relación con la asociación. Yo me desligué de ella hace varios años”, aseguró Rangel.
No obstante, esta redacción obtuvo copia de varios contratos de prestación de servicios que fueron suscritos en 2013 con los hoy integrantes de la junta directiva de la Asociación Guardianes del Futuro para apoyar gestiones de la CAS.
“Yo desconozco quiénes son los miembros de la junta directiva de la asociación. Lo que sí puedo manifestar al respecto es que quienes se vinculan a la corporación es porque cumplen un perfil determinado”, indicó.
Sin embargo, las relaciones de Guardianes del Futuro y la CAS irían más allá. Acualmente dos integrantes del Consejo Directivo de la corporación ambiental son familiares de dos cofundadoras de esa entidad sin ánimo de lucro..
