Miércoles 14 de Febrero de 2018 - 12:01 AM

Personería capacitó a comunidad rural en peajes, impuestos y licencia ambiental

El personero Luis José Escamilla confirmó su presencia en el kilómetro 22 de la vía a Pamplona, donde se realizó una reunión en la que también participaron concejales y funcionarios de la Defensoría del Pueblo.
Suministrada / VANGUARDIA LIBERAL
El personero recordó que mediante Auto N° 6279, la Anla suspendió el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto de la construcción de la unidad funcional 1 del sector de la conectante 1-2.
(Foto: Suministrada / VANGUARDIA LIBERAL)

Dicho encuentro fue convocado por dirigentes comunales del sector, por donde se construirán las unidades funcionales 1 y 2 de la concesión autovía Bucaramanga- Pamplona, quienes hacen parte de la población rural que durante los últimos meses se ha sentido bastante golpeada por diferentes temas que influyen negativamente en su economía y calidad de vida.

Desde el inicio ha sido clara la preocupación por el cobro de peajes, reciente alza del impuesto predial y proceso de licenciamiento ambiental que debe adelantar la concesión encargada del proyecto de infraestructura vial.

Por lo anterior, Escamilla aprovechó la oportunidad para abrir un espacio y aclarar todo lo relacionado con el predial y las acciones administrativas para oponerse o para presentar recursos frente a los procesos de actualización catastral que realiza el Igac (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) o, contra la liquidación del gravamen que debe efectuar la Secretaría de Hacienda.

Así mismo, expuso el estado actual del proceso de licenciamiento ambiental de la autovía que, como se recordará, está suspendido, hasta tanto el concesionario cumpla lo ordenado por la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) sobre la exclusión del DMI y el levantamiento de la veda de especies ante Minambiente.

“Se les informó sobre el derecho que tienen de solicitar la declaratoria como terceros intervinientes y la audiencia pública ambiental para debatir la inconveniencia del cobro del peaje para el sector y los mecanismos para que les den un trato especial o excepcional en dicho peajes; al igual que otros asuntos relativos a los daños económicos, sociales y ambientales de dicho proyecto y el plan de manejo ambiental para tratarlos”, puntualizó.

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