El decreto implicaba traslados masivos sin consentimiento, afectando a millones de usuarios en 24 departamentos.
Publicado por: Redacción Nacional
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 0182 de 2026, una norma del Ministerio de Salud que buscaba reorganizar la operación de las EPS en todo el país y que habría provocado el traslado masivo de millones de afiliados entre entidades.
La decisión del alto tribunal detuvo los efectos de un acto administrativo que, según cálculos incluidos en el expediente judicial, implicaría el traslado de 6,6 millones de usuarios, de los cuales cerca de 2,6 millones terminarían en la Nueva EPS, actualmente intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud desde abril de 2024.
La norma, firmada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, establecía nuevos requisitos mínimos de afiliación para que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) pudieran operar en municipios y departamentos. Puede leer: Estas son las EPS que podrían ser liquidadas en Colombia tras la orden de Petro
El decreto fijaba umbrales diferenciados según el tamaño de la población:
- En departamentos con más de dos millones de habitantes, las EPS debían tener al menos el 5 % de los afiliados.
- En regiones intermedias, el mínimo subía al 10 %.
- En territorios con entre 100.000 y 390.000 habitantes, el umbral era del 15 %.
- En ciudades, el mínimo se fijaba en el 3 %.
- En localidades con menos de 20.000 habitantes, solo podría operar una única EPS.
Más de 500 municipios quedarían con una sola EPS
Un estudio técnico del propio Ministerio de Salud, titulado “Mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud con enfoque territorial y poblacional”, advertía que en 502 municipios del país la Nueva EPS sería el único operador autorizado tanto para el régimen contributivo como subsidiado. Lea además: Tribunal sanciona a Petro por desacato y acusaciones sin pruebas contra gerente de EPS
Estos territorios se distribuyen en 24 departamentos, entre ellos:
- Boyacá (116 municipios)
- Cundinamarca (85)
- Santander (70)
- Nariño (30)
- Tolima (27)
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La lista también incluye regiones de la Orinoquía y la Amazonía como Guainía, Vaupés y Vichada.
Traslado masivo y riesgos para pacientes
La suspensión del decreto se produjo tras una demanda presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Verde.
La congresista argumentó que la norma imponía traslados automáticos de afiliados sin su consentimiento, lo que, en su criterio, vulnera el derecho fundamental a la libre escogencia en salud. Le sugerimos leer: Pese a multa impuesta por un juez, Petro no se retracta de acusación contra EPS
Además, advirtió que los cambios podrían generar riesgos en la continuidad de tratamientos, especialmente para pacientes con enfermedades de alto costo como cáncer, patologías renales, enfermedades huérfanas y personas trasplantadas.
Cuando el Consejo de Estado admitió la demanda, el pasado 9 de abril, Miranda insistió en que la Nueva EPS “no está en la capacidad de absorber esta carga” ni de garantizar una atención adecuada.
El Decreto 0182 también fue demandado por el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, quien solicitó incluso un incidente de desacato contra el ministro de Salud.
Según Forero, el decreto replicaba el contenido del Decreto 0858 de 2025, que ya había sido suspendido por el Consejo de Estado en octubre de ese mismo año por exceder las facultades reglamentarias del Ejecutivo.
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A esto se suma una medida cautelar previa: el 10 de marzo, el Tribunal Administrativo de Antioquia ya había ordenado suspender de urgencia la aplicación del decreto dentro de una acción popular presentada por el ciudadano Víctor Raúl Palacio Bohórquez. No olvide leer: ¿Qué dice Daniel Quintero sobre su supuesta llegada a la presidencia de la Nueva EPS?
Presión sobre la Nueva EPS
La Nueva EPS concentra cerca del 22 % de los afiliados del sistema de salud en Colombia, lo que la convierte en la entidad con mayor número de usuarios.
Sin embargo, enfrenta cuestionamientos por su capacidad operativa. Según la Defensoría del Pueblo, en 2025 se registraron 14.603 quejas contra esta EPS por dificultades en el acceso a servicios y medicamentos, lo que representa un aumento del 107 % frente a 2024.
La decisión del Consejo de Estado se suma a otras suspensiones recientes contra medidas del Gobierno Petro.
Entre ellas se encuentran el Decreto 415 de 2026, que ordenaba el traslado de 25 billones de pesos desde fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, y el decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026.
