Defensa solicita apartar a jueza mientras avanza investigación por presuntas irregularidades en manejo de recursos públicos.
Publicado por: Redacción Vanguardia
Una nueva controversia rodea el proceso judicial por el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. En medio de una audiencia clave, surgieron señalamientos que ponen en duda las garantías del trámite y el manejo del caso por parte de las autoridades.
Señalamientos por presiones dentro del proceso
Durante la diligencia judicial, la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, aseguró que habría recibido presiones desde la Fiscalía para involucrar a altos funcionarios del Gobierno en sus declaraciones.
Según relató, un coordinador del ente acusador le habría advertido que, si no señalaba a ministros ni aportaba chats como prueba, sería imputada y enfrentaría una medida de aseguramiento. Ortiz sostuvo que cuenta con soportes documentales que ya fueron entregados a través de su defensa.
En su intervención, la exfuncionaria insistió en que el proceso tendría un trasfondo político. Incluso, sugirió que su situación podría estar relacionada con su paso por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, afirmando que entiende si las decisiones en su contra obedecen a ese contexto.
#ATENCIÓN | La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, acaba de anunciar que tiene las supuestas pruebas de las presiones que funcionarios de la Fiscalía le habrían hecho para salpicar a ministros del Gobierno de Gustavo Petro. Aseguró que su caso es político. pic.twitter.com/LwsQ9I3qtQ
— Jenny Rocio Angarita Galindo (@JennyAngaritaG) May 6, 2026
Defensa pide apartar a jueza del caso judicial
De forma paralela, el equipo jurídico de Ortiz, liderado por el abogado Mauricio Camacho, presentó una recusación contra la jueza 08 penal especializada de Bogotá. La defensa argumenta que no existirían garantías de imparcialidad en el proceso.
El jurista señaló que su clienta ha sido sometida a situaciones que afectan su integridad y calificó el trato recibido como cercano a una humillación dentro del escenario judicial. A su juicio, esto comprometería la objetividad de las decisiones adoptadas durante la audiencia.
Por su parte, el fiscal del caso rechazó la recusación y defendió la actuación de la jueza, indicando que sus intervenciones hacen parte del desarrollo normal de una audiencia, en la que se dictan órdenes y se fijan posiciones frente a las partes.
Si la recusación no prospera, el caso pasará a manos del Tribunal Superior de Bogotá, que deberá definir si la jueza continúa al frente del proceso.
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Al fondo de este episodio se mantiene el escándalo por presuntas irregularidades en la contratación dentro de la Ungrd, un caso que ha salpicado a varios funcionarios y que sigue siendo objeto de investigaciones por posibles hechos de corrupción en el manejo de recursos públicos destinados a la atención de emergencias en el país.
